 |
| Publicada en Revista Acción de abril de 2014 |
Masiva y contundente, la Huelga General se transformó en un hito histórico, un punto de partida para el movimiento social que gana en cohesión y fuerza para enfrentar el tardío neoliberalismo que el gobierno colorado busca imponer.
Por Jorge Zárate
Triunfante la huelga, el gobierno no da señales de comprender la necesidad de ejecutar políticas sociales urgentes para la gente que está en extrema pobreza y que si come, lo hace una vez por día. Y no son pocos. De acuerdo a datos de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) es un 17,8% de la población, unas 1.200.000 que no ingiere las calorías mínimas diarias que necesita el cuerpo.
Así las cosas, el éxito de la protesta se fue construyendo día a día viendo correr una agenda de gobierno que no tiene ninguna respuesta para los problemas sociales.
Está lejos de hacer un catastro, recuperar tierras malhabidas, encarar una reforma agraria.
Al contrario unos 16 campesinos fueron asesinados desde el 22 de junio de 2012, fecha en la que el golpe parlamentario express, en solo 48 horas, derrocara al presidente Fernando Lugo en un hecho tan doloroso que recién durante la jornada de protesta, podría decirse, comenzó a cicatrizar.
Si bien no está en su esfera directa, el gobierno tampoco ve con claridad cómo la continuidad del juicio por la Masacre de Curuguaty multiplica las injusticias y quiebra todo sentido del derecho en el país.
El juicio es amañado y parcial, las imputaciones del fiscal Jalil Rachid se basan en una supuesta invasión a inmueble ajeno cuando es claro que las tierras son públicas, cuando es claro que hubo ejecuciones extrajudiciales por las que no acusa a un sólo policía.
Cuando esto se escribe los campesinos iban por 43 días de huelga de hambre y Rubén Villalba, internado en el Hospital Militar se había desvanecido un par de veces, su cuerpo víctima de una medida extrema que apenas alcanza para llamar la atención de un Poder Judicial autista y corrupto.
Es importante entender que si no hay capacidad de acción en el tema tierras las restantes, legítimas demandas de los trabajadores del campo y la ciudad chocarán contra un muro a pesar del diálogo al que convocó el presidente Cartes desde una carta en la que acusó recibo del multitudinario despliegue popular.
Reza el corazón de la misiva: “Así como he encargado al Vicepresidente de la República que se ocupe de coordinar una convocatoria a mesas de dialogo, quiero puntualizar que me encargaré, en persona, de acompañar tal proceso, al cual atribuyo enorme relevancia en el marco del Pacto Social del Gobierno Nacional”.
Las Centrales sindicales irán al diálogo con el gobierno, la Federación Nacional Campesina (FNC) condiciona dicha posibilidad a la derogación de la Ley de Alianza Público Privada.
Y aquí se visualiza cómo responde el gobierno.
El encargado de despacho del Ministerio de Trabajo, Guillermo Sosa dice: “No tienen condiciones de condicionar absolutamente nada al gobierno”. Y agrega: “No podemos juzgar, evaluar y oponernos a la APP por cuestiones simplemente ideológicas. Decir: resulta ser que APP es malo porque el sector privado es malo, el sector privado lo único que quiere es lucro, el sector privado lo único que quiere es ganar...”, reclamando a los campesinos que “informen correctamente a sus adherentes lo que estamos perdiendo en términos de empleo, de generación de ingresos, en términos de desarrollo económico y social”.
La ley de APP es inconstitucional, una Corte seria lo decidiría así, sin embargo todo el poder se puso de acuerdo en impulsar este remate de los bienes, servicios y recursos públicos por plazos de hasta 40 años, con los riesgos a cuenta del Estado.
De hecho Cartes reglamenta la ley de APP sabiendo que la Huelga General la ataca como razón principal.
Sabe ahora que el éxito de la movilización cuestiona profundamente el centro gravitatorio de su gobierno, de allí todo el temor que desplegó antes de la medida con actuaciones caricaturescas del ministro del Interior, Francisco de Vargas, dando credibilidad a un audio claramente falso y armado para sembrar terror.
Por eso es importante que el pueblo se erija en contralor de las posiciones de las Centrales sindicales donde sólo un par de las mismas tienen dirigentes que provienen de un proceso de renovación .
Cómo enfrentar la ley de APP es clave, y será importante hacer causa común con las campesinos en este punto.
El presidente tiene el apoyo de la prensa patronal cuyos propietarios adhieren a la idea de que podrán ser socios del gran capital extranjero para producir objetos en la maquila para exportación, es decir, un proceso económico que deja fuera al mercado interno, a la población paraguaya, a la que sólo tiene en cuenta como mano de obra barata candidata a la hiper explotación.
Las mesas de diálogo del gobierno a lo sumo tendrán para ofrecer una mínima reducción del precio del pasaje y cuestiones menores. No cederá al pedido de aumento del 25% y tampoco, si bien lo puede poner en el papel, tiene capacidad para iniciar un control de precios serio y necesario.
Sin embargo, y aquí el gran punto, la cuestión de la libertad sindical será el punto crítico de todas las negociaciones.
Este poder no quiere pueblo organizado. Entonces deberán ser serias las Centrales y reclamar la urgente sindicalización de los trabajadores de las empresas del presidente y de todos quienes conforman las cúpulas de las organizaciones empresariales, su principal respaldo.
Se trata de una cuestión ejemplarizadora en la que se verá hasta que punto la victoria del 26 de marzo puede traducirse en hechos que vayan eliminando desde lo profundo la miseria que anida en la oligarquía que gobierna.
No hay comentarios:
Publicar un comentario