10 de junio de 2014

Retracción económica y violencia armada, irresueltos en Paraguay


Foto
La paraguaya (1899). Juan Manuel Blanes
Alerta: la derecha cuestiona la inacción del Presidente Cartes ante la disminución de la actividad económica y la ausencia de la prometida obra pública; y advierte sobre “un proceso de desaceleración que no debió suceder”. También condena la falta de resultados en la lucha por esclarecer el secuestro de un joven que aún permanece desaparecido. Los campesinos siguen siendo víctimas de costosos operativos militares y policiales para desbaratar a supuestos grupos armados. El asesinato de un periodista que denunciaba al narcotráfico revela la naturaleza de los conflictos y la gravedad de la situación.


Una fuerte retracción económica que al gobierno le es imposible disimular comenzó a alterar la base de sustentación del gobierno de Horacio Cartes. La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) cuestionó la “alarmante paralización de la economía nacional”, que según expuso se expresa fundamentalmente en la reducción de las ventas y la falta de ejecución de las obras públicas. El grupo que representa a las principales empresas nacionales y multinacionales alertó que el país podría crecer a una tasa de entre 3 y 4% y no del 5 al 6% como estimaban las previsiones más optimistas.
El documento empresarias señala que “la alarma de la CAP es solo el reflejo de lo que piensa la mayor parte de los gremios del sector privado y de lo que siente la ciudadanía común en la calle, día a día”. Agrega que “el tan promocionado crecimiento económico no se ha traducido hasta el momento en la microeconomía o en las condiciones de vida de la mayor parte de la población”.
Luis Saguier Blanco, economista de la CAP, explicó que “nos preocupa muchísimo el aumento de las altas tasas de interés del Banco Central en todo el sistema, con lo que la gente invierte y consume menos, debido a un proceso de desaceleración que no debió suceder”. En su diagnóstico agregó que “falta desembolso de créditos fiscales y (el Ministerio de) Hacienda tiene dinero en el Banco Central. No hay una ejecución masiva de obras públicas como estaba prevista y nosotros no podemos depender de la asociación público-privada en el cortísimo plazo, porque eso va a tardar al menos un par de años. Los bancos, al no ver mucha actividad económica, tampoco prestan. Encima el BCP Banco Central de Paraguay) encarece el crédito”.
La crítica que proviene de una entidad que nuclea al 90% de los grandes contribuyentes nacionales y multinacionales no es aislada. Un reciente editorial del derechista diario ABC Color llevó por título “El próximo gobierno del Paraguay será bolivariano”. Allí se expone: “El gobierno de Horacio Cartes y el Partido Colorado que lo respalda, basado en la corrupción, el privilegio y el sectarismo, así como está, no podrá sobrevivir y nos hundirá a todos. Depende del Presidente y de su determinación romper con el pasado y liderar el nuevo rumbo, para mantenernos en el proceso democrático. Pero si no reacciona, en las próximas elecciones presidenciales, alumnos de la tiranía castro-chavista pasarán a gobernar nuestras vidas en un rumbo predecible de pobreza y violencia”.

Máscaras
Este texto del influyente periódico muestra la desesperación del establishment ante la inacción gubernamental que se vio patentizada en el caso del secuestro del joven Arlan Fick, hijo de un colono menonita el pasado 2 de abril en Paso Tuya, Concepción. El gobierno presentó el secuestro de Fick como un combate entre policías y militares contra un grupo armado en el que resultaron muertos dos guerrilleros y un militar. Sin embargo la secuencia de hechos parece ser distinta de acuerdo a revelaciones que hiciera el propio padre del secuestrado.
En diciembre de 2013 fue robado del establecimiento de Fick una computadora que entre otros archivos tenía el movimiento financiero de los colonos, hecho al que la policía, al parecer, no dio relevancia.
La misma noche del secuestro se le demandó a Álcido Fick, padre de Arlan, un rescate de 500 mil dólares. La familia pagó esa suma el 10 de abril. Al retirar el dinero los presuntos captores pidieron también que la familia divulgue a los medios de comunicación un CD con un mensaje político y que se repartan víveres por 50 mil dólares a comunidades campesinas pobres.
A pesar de que su familia cumplió con todas las exigencias Arlan no había sido liberado hasta fin de mayo. El episodio conmovió a la sociedad paraguaya que no sabía del pago del rescate. Se organizaron marchas, misas y otros actos para pedir la liberación del muchacho sin que nada surtiera efecto. Al saberse del pago la opinión pública se irritó.
La indignación social creció porque el Gobierno militarizó tres departamentos del país. Buena parte de los operativos militares y policiales cayeron sobre los asentamientos campesinos que fueron atropellados con violencia para someter a sus pobladores a interrogatorios burdos en intervenciones muchas veces hechas a la madrugada.
Desde Asunción, Jorge Zárate


Sicariato extendido
La creciente violencia que se da en la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del departamento Amambay en la frontera seca con Brasil, se reproduce en otras regiones y describe el cuadro de situación general del país. El periodista radial Fausto Gabriel Alcaraz (28 años) fue ultimado a balazos por sicarios cuando llegaba a su vivienda en el Barrio María Victoria de esa ciudad el pasado 16 de mayo.
El hecho generó el repudio de todo el país y el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) recordó que “el compañero es la nueva víctima de la sinrazón. Es el nuevo blanco del asesinato por encargo”. Denunció que “otra vez la frontera se tiñe de sangre de un trabajador de la comunicación. Hace poco más de un año el compañero Carlos Manuel Artaza, en esa misma ciudad, fue víctima de las disputas de grupos que sólo con violencia resuelven sus diferencias, las cuales tienen trasfondos generalmente ilícitos. El colega Fausto Gabriel pasa a componer la terrible nómina de periodistas acallados por los asesinos”
Alcaraz era el conductor del programa “De Frente a la Mañana” que se emite diariamente de 6 a 12 en Radio Amambay que se sintoniza en el 570 AM y es de propiedad del senador liberal Robert Acevedo.
Desde allí realizaba fuertes denuncias contra narcotraficantes que operan en la zona. También hacía denuncias desde la radio y personalmente del propio Alcaraz contra el gobernador Pedro González (Partido Liberal Radical Auténtico, Plra), reconocido rival político del senador Acevedo.
Por ello el Sindicato de Periodistas reclamó a la Fiscalía General y al Ministerio del Interior mayor presencia del Estado e inclusive pidió que se analice la posibilidad de intervenir el departamento. El reclamo llegó también al presidente del Congreso, el senador Julio César Velázquez (de la oficialista Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado). “Creemos que es necesario el cambio en la matriz económica departamental que tiene en el cultivo ilegal de la marihuana y el tráfico de drogas la fuente de la reiterada violencia de la que nuestros compañeros informan día a día”, señaló la organización sindical.
La ciudad de Pedro Juan Caballero tiene un promedio de 84,3 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Con este índice supera a Juárez (México), Cali (Colombia), Guatemala, las ciudades más violentas de Brasil y algunas de Honduras y también a todas las demás ciudades afectadas por la violencia del narcotráfico en México y Colombia, reveló el periódico digital E´a.
El intendente de esta localidad, José Carlos Avecedo, denunció que “el sicariato ha sido el principal disparador de la violencia, sorprendiendo con asesinatos por encargo a plena luz del día o dejando cadáveres en baldíos de las ciudades. Esto viene creciendo desde hace años”. Aseguró que entre enero y mayo de este año se registraron al menos unas 50 muertes, casi la mitad de lo que se dio el año pasado.
Amambay tiene una población de 125 mil habitantes aproximadamente, según la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censo (Dgeec). La tasa de homicidios se calcula dividiendo el número total de asesinatos intencionales por la cantidad de habitantes y multiplicándola por 100. En 2013, se registraron en todo el Paraguay 594 casos de homicidio doloso. El 17 % ocurrió en Amambay.

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