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Acto del partido Paraguay Pyahurá (PPP) el 21 de febrero de 2013 en el departamento de Caaguazú
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La respuesta popular
acumula fuerzas ante los embates provenientes desde el gobierno de
Horacio Cartes. Movimientos sociales y políticos anuncian una larga
marcha campesina para reclamar la renuncia del Presidente.
“Paraguay se pone de pie
por una patria nueva”, es el lema de la convocatoria de la llamada
Larga Marcha del Partido Paraguay Pyahurá (Por un Nuevo Paraguay, en
guaraní) con la que partidos políticos y movimientos sociales
iniciaron en febrero una nueva etapa de lucha.
La nueva organización
política decidió movilizarse “ante tantas amenazas como la
privatización, el recrudecimiento de las persecuciones, el
fortalecimiento del narcotráfico y la narcopolítica; la complicidad
de la cúpula de la mayoría de los partidos con representación
parlamentaria y ante la muerte por hambre y enfermedades de
compatriotas”. La protesta cuestionó la política del gobierno de
Horacio Cartes “enunciada como todo para los ricos y nada para los
pobres, y ante la represión y la militarización como respuestas a
tantas sentidas necesidades de la mayoría”.
Al cierre de esta edición,
la Larga Marcha tenía previsto partir el 5 de febrero desde
diferentes comunidades y llegar a Asunción el 10. La idea es que
miles de militantes caminen por pueblos y ciudades, conversando con
los habitantes, invitando a asambleas populares, buscando unir todas
las expresiones de descontento, preocupación y las ganas de luchar,
para ponerse juntas y juntos de pie y luchar por una patria nueva.
“La propuesta del
Partido es la renuncia de Cartes, todo su gabinete y su línea
sucesoria, y la instalación de una Junta Patriótica integrada por
mujeres y hombres incorruptibles, con reserva moral, ética,
coherencia y patriotismo para aplicar la política de Estado soberana
e independiente que tanto anhela el pueblo paraguayo”, expresó el
secretario general de dicha agrupación, Eladio Flecha.
Esta agrupación es una de
las convocantes del Congreso Democrático del Pueblo, articulación
que será constituida “el 1 de marzo de 2015 en Asunción, con mil
delegados, como fuerza de confrontación y de lucha en contra de la
política antinacional y antipopular de Cartes”. Los convocantes
explicaron: “la experiencia que tuvimos en 2014 –durante la
huelga general del 26 de marzo, entre otras jornadas de lucha–
confluirá en un gran congreso popular para instalar las herramientas
de lucha y de combate en contra de la política antinacional y
antipopular de Cartes”. La articulación abarca unas 20
organizaciones, tanto partidarias, campesinas, sindicales, de
mujeres, de pueblos originarios, de estudiantes secundarios y
universitarios, así como niños, niñas y adolescentes trabajadores,
entre otras.
Ya en diciembre pasado, en
conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, estas
organizaciones protagonizaron una importante movilización, que
culminó en Asunción con más de siete mil personas en las calles,
reclamando el respeto a los derechos, que tantos años de lucha
requirieron para obtenerlos.
Represión y resistencia
La histórica Liga de
Obreros Marítimos del Paraguay (Lomp) completó 95 años de
existencia. Actualmente esta organización sigue dando una
trascendental lucha. “Este nuevo e histórico aniversario nos
encuentra luchando contra el despido de 200 compañeros estibadores
del puerto privado de Caacupemí y por la liberación de los 11
compañeros que están con prisión domiciliaria por reclamar su
derecho al trabajo”, manifestó al periódico E´a, el secretario
general de la Lomp, Esteban Arzamendia.
El despido de estos 200
estibadores del puerto propiedad de la empresa San Francisco S.A
–presidida por Francisco Leri Frizza– movilizó a los obreros,
que con pequeñas embarcaciones impidieron la salida de un buque a
modo de protesta. Tras este acto –el 11 de noviembre pasado–
fueron procesados 11 trabajadores portuarios. El reclamo de la Lomp y
sus representantes jurídicos impidió que dichos obreros vayan a la
cárcel. Pero la prisión domiciliaria les impide seguir trabajando,
por lo que no tienen formas de acceder a recursos para sostenerse ni
tampoco solventar a sus familiares.
El gremio de trabajadores
portuarios, integrante de la Confederación de la Clase Trabajadora
(CCT), siguió realizando manifestaciones en busca de la cancelación
de la prisión domiciliaria de los afiliados así como de la
reposición de todos los despedidos. Se efectuaron, a la vez, medidas
de presión en el exterior, como en Uruguay, a fin de lograr revertir
esta grave persecución.
Otro frente de lucha fue
el referente al precio del pasaje del transporte público de
pasajeros. La Corriente Sindical Clasista (CSC) realizó actividades
para exigir al Gobierno la baja del boleto. “Es vergonzoso, en el
mundo el costo del petróleo crudo bajó casi el 60% y el presidente
Cartes sólo bajó en 5% el precio del gasoil en el país,
favoreciendo a los sectores especuladores, a la oligarquía que se
enriquece a costillas del pueblo”, señaló Eduardo Ojeda,
dirigente de la CSC. El precio del pasaje se mantiene. Y las
ganancias de los empresarios privados se elevan.
En pie de lucha también
se declararon los componentes del pueblo ayoreo, nación originaria
asentada en el Chaco paraguayo, en la Región Occidental del país.
Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc) y la
Secretaría del Ambiente (Seam) se impulsa un proyecto extractivo de
piedras que puede poner en grave riesgo la zona del Cerro León. En
dicha área habitan varios grupos que decidieron seguir viviendo en
aislamiento. La Seam y el Mopc “se manejan por dinero nomás”,
expresó Enrique Pebi, componente de la Asociación Garaigosode del
Pueblo Ayoreo. Una resolución judicial impidió el inicio de la
explotación de la cantera, decisión que fue apelada por el Mopc y
la Seam. Los aborígenes impulsarán medidas ante la apelación de la
Seam contra el amparo que protege al Cerro León.
En enero se cumplieron
tres meses del asesinato del periodista Pablo Medina y su asistente
Antonia Maribel Almada, bajo las presuntas balas del narcotráfico,
con protección política. Una movilización fue efectuada por el
Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y otras organizaciones
fraternas para exigir el cese de la impunidad en éste y otros 14
casos de crímenes contra trabajadores de la comunicación.
A este escenario se
sumaron los productores agrícolas de diversas organizaciones que
nuevamente están en combate para reclamar el cumplimiento de las
promesas del Gobierno tras el fracaso de ciertos rubros de producción
impulsados por las autoridades.
Desde Asunción, Vicente
Páez
La inequidad tributaria
seguirá
Enero trajo consigo un
reemplazo en el gabinete presidencial. El ministro de Hacienda,
Germán Rojas, renunció al cargo sin brindar mayores detalles. Lo
sustituyó Santiago Peña, de 35 años, quien formaba parte del
directorio del Banco Central del Paraguay (BCP). Peña anunció lo
que ya se preveía. Que seguirá con la política de su antecesor y
que no modificará la actual injusticia tributaria, donde la mayor
carga la sufre el pueblo empobrecido, mientras que las grandes
corporaciones tienen una escasa carga impositiva en comparación al
volumen de sus ganancias.
Esto se explica en sus
antecedentes. Peña fue funcionario del Fondo Monetario Internacional
(FMI), es licenciado en Economía por la Universidad Católica
“Nuestra Señora de la Asunción” (UC) y luego participó de una
maestría en Administración Pública en la Universidad Columbia de
Nueva York. Tras brindar servicios en el FMI, desembarcó en el BCP.
En 2012 se lo designó como miembro del directorio de la banca
central. La oposición cuestionó la nominación de Peña. “El
cambio en este gabinete es sintomático de la creciente
descomposición interna del gobierno de Horacio Cartes que empieza a
hacer aguas en casi todas las áreas. Las pomposas promesas de
grandes inversiones que llegarían con su tan mentada ley de Alianza
Público Privada (APP) para generar miles de puestos de trabajo hoy
parecen más bien lejanas ensoñaciones en la realidad de este
perjudicial e injusto modelo productivo y tributario”, afirmó en
un comunicado el Frente Guasu (FG), partido con representación
parlamentaria.
El FG objetó que el
Gobierno siga empecinado en cobrar impuestos a los pequeños pero no
a multimillonarios grupos económicos vinculados a la agroexportación
transnacional y a la ganadería. “Está llevando este país rumbo a
la quiebra y a una situación de conflictividad social creciente y,
por ende, a un proceso de ingobernabilidad que ninguna garantía
jurídica ofrece para cualquier emprendimiento serio de inversión
que pretenda instalarse en nuestro país”, remarcó. La agrupación
aseguró que el Gobierno no dialoga con la sociedad y se empecina en
seguir administrando un país “al servicio de los intereses
extranjeros y de un pequeño puñado de multimillonarios, haciendo
caso omiso de las grandes necesidades del pueblo paraguayo”.
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