Hubo 147 fallecidos en el Servicio Militar Obligatorio desde 1989

María Noguera, foto de Ultima Hora

Nota de Archivo, de octubre/noviembre de 2011

Son 147. Personas de escasísimos recursos. Personas humildes que no tienen forma de defenderse. Los familiares son engañados. “Es una especie de terrorismo de estado”, expone María Noguera para abrigar una esperanza: “Creo que alguna vez va a aparecer algún arrepentido que va a contar cómo y porqué pasan estas cosas. Allí se va a comenzar a terminar con esta injusticia”.

María es la titular de la Asociación de Familiares de Víctimas del Servicio Militar (Afavisem). cumplió un mes de huelga de hambre reclamando la reparación integral a los familiares de víctimas del servicio militar obligatorio. Durante su reclamo que concluyó en la primera semana de noviembre recibió la visita de la viceministra de la Juventud, Diana García, que le prometió que el presidente Lugo la recibiría en breve para que pueda hacer sus planteos. “Hace 15 años que vengo luchando para que el caso de mi hijo se juzgue en la justicia civil”, expuso Noguera para agregar que una vez aceptada su petición pedira que el grupo de especialistas forenses de Argentina trabaje en el cuerpo de su hijo para ratificar que murió a causa de golpes.
María perdió a su hijo mayor, Vicente Ariel Noguera, el 11 de enero de 1996 en el Tercer Cuerpo de Ejército en el Chaco y desde ese entonces se decidió a conformar la Afavisem
La viceministra García, reiteró la voluntad de “dar el debate, porque puede haber posiciones encontradas en el gobierno, pero nosotros creemos que coresponde la reparación”, expuso.
También la idea de presentar el anteproyecto que deroga la Ley 4013/2010 “que reglamenta la objeción de conciencia en el servicio militar obligatorio y establece el servicio sustitutivo en beneficio de la población civil”, y el artículo 129 de la Constitución Nacional.
Noguera se mostró dolida por la sanción de la ley Ley Nº 4013 que establece el servicio militar sustitutivo. “Es totalmente inconstitucional”, dijo la mujer señalando que “es un retraso, ojalá no se tire por la borda la vida de nuestros hijos y la lucha de tantos jóvenes que consiguieron establecer este derecho contra tanta violencia”, consideró.
La Objeción, una conquista de los jóvenes paraguayos hoy está en manos de certificados provisorios que entrega el Defensor del Pueblo “hasta tanto se conforme el Consejo Previsto en la Ley que tiene al propio Defensor como presidente, un representante de la comisión de DDHH de diputados y uno de Senadores, un objetor e incorpora hasta los militares”, recordó Vidal Acevedo del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
Acevedo recordó que en lo que hace a la reparación integral, hubo cinco casos en la consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el de Noguera, Gerardo Vargas Areco (89); Víctor Hugo Maciel (95); y el de los dos niños soldados Cristian Ariel Núñez y Marcelino González Paredes ambos desaparecidos en 1998 que ya están para ser atendidos en la justicia civil, cuestión que el estado paraguayo sigue incumpliendo.

La lucha de María
María cuenta: “Reclamo reparación integral del Estado paraguayo, hace 15 años del fallecimiento y aquí seguimos”, dijo señalando a quienes la acompañan en la carpa. “Esta gente viene a reclamar y no tiene dónde quedarse, necesitamos un espacio físico para que se puedan sostener estos trámites y se puedan resolver estas reparaciones que son de estricta justicia”, insistió.
Noguera recordó que el caso de la muerte de su hijo Ariel no fue indagado por la justicia ordinaria, en un hecho insólito se lo derivó a la justicia militar. “Pueden ser ellos juez y parte, esto es una vergüenza”, dijo. Recordó entonces que la CIDH le ordenó al Estado reabrir el caso y hasta el momento no se lo hizo. “Lugo tiene que saber esto y obrar en consecuencia”, expuso para recordar que ya tuvo entrevistas con el canciller Héctor Lacognata y el entonces ministro de Defensa, Luis Bareiro Spaini, sin que hasta el momento se haya tomado cartas en el asunto.
“También tenemos a los más de 300 muchachos que sufrieron secuelas físicas y psicológicas del maltrato de los cuarteles”, expuso. “Ellos necesitan una atención especial, tener acceso a los médicos y a los remedios”, apuntó.

Haciendo historia.
“En la mayoría de los casos las muertes buscan una quema de archivos. Eliminan a los chicos porque vieron algo, escucharon algo, fueron obligados a hacer algo”, dice la mujer.
“Si uno analiza los casos, se da con que mueren cuando vuelven de un franco, o cuando están por salir de franco”, agrega mientras asegura que murieron muchos más de los 185 chicos que reúne la cruel estadística de la Afavisem, 147 según los número del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
“Mi lucha comenzó el 11 de enero de 1996 con la muerte de mi hijo, Vicente Ariel Noguera. El era cabo aspirante del Cimefor, estaba haciendo el segundo año. Tenía 17 años. Oficialmente dijeron que amaneció muerto en su cama pero nunca se pudo investigar su caso. Yo estoy segura de que murió torturado”, cuenta.
“Mi hijo salió de casa el 2 de enero de 1996 para incorporarse a la 2ª división de Infanteria en Mariscal Estigarribia. A los nueve días me trajeron el cuerpo a mi casa. Tenía golpes en el cuello, en la cabeza, en el tobillo, debajo de las axilas unas marcas como de quemaduras de cigarrillos y en el centro del cuerpo un pinchazo que sería de una especie de picana que usaban para torturar a los soldados. Creo que él fue testigo de cosas, fue una quemada de archivos, que es generalmente lo que pasa con estas muertes”, expone María.
Los jóvenes cómo se conoce, son utilizados como mano de obra sin costo alguno por los jefes de los cuarteles. Para faena de ganado en estancias particulares, para hacer de empleados domésticos en las residencias urbanas, para ordeñar combustible como en el caso de la marina.
“Hasta hoy no pude conseguir que la justicia ordinaria investigue, tome en serio el caso”, explica. María sostiene que “hay oficiales de carrera implicados en el caso” de la muerte de su hijo.
“Da mucho dolor ver como ascienden todos los oficiales. Particularmente sufrí mucho cuando al general Torres Heyn le dieron las cuatro estrellas. También ascendieron Victorino González, Key Kanazawa, no digo que ellos tuvieran participación directa en la muerte de los conscriptos, pero si que no hicieron absolutamente nada por investigar”.

Voces profundas
María era una mujer que sólo pensaba en sus hijos. Un ama de casa modelo. Trabajadora de la alta costura conserva todavía el arte de coser. “Ariel era el mayor, habría tenido 24 años. Tengo 43 años... hubiera sido abuela”, dice lánguida.
Su hija mayor está terminando la carrera de veterinaria, después le siguen David de 16, Ruth Araceli que está en, 9º grado.
“Lo único en que pensaba era en el futuro de mis hijos. Jamás se me cruzó por la cabeza que iba a tener que pelear tan duro. Me cambió la vida. No me entra en la cabeza tanta crueldad. ¿¡Cómo pueden ser así!?.”, cuenta.
Comenzó sola en el 96', hoy la Asociación nuclea a más de un centenar familias de chicos fallecidos.

Pobres sin justicia
Solo el caso del conscripto Fredy Velazquez, fallecido el 6 de diciembre de 1995, fue resuelto por la justicia civil con una condena de 10 años al oficial Higinio Fromer Maqueda. El caso fue en apelación hasta la Corte Suprema que ratificó la condena.
Fromer Maqueda, que le pegó un tiro en medio de la frente al conscripto, fue liberado en diciembre del 2000 por buena conducta al cumplir el 50% de su condena. “Según relata el padre, encontró rastros de golpes en todo el cuerpo. No tuvieron forma de negarlo”, cuenta Noguera.
Insistir ante los fiscales para reabrir las causas e investigar es todo lo que les queda a los familiares. “Queremos justicia, los familiares quieren el castigo a los culpables y también peleamos por la vigencia plena de los derechos humanos dentro de los cuarteles”, dice e insiste en destacar “la desidia total del poder judicial, la impunidad. No investigan y se trata de casos de acción penal pública que deben ser perseguidos de oficio. Es terrible porque para los pobres no hay justicia”.

Ilustración de El Surtidor

Un tema recurrente
Infantería y Caballería se disputan el crudelísimo primer lugar en lo que hace a muerte de conscriptos, le siguen la Fuerza Aérea y la Armada. “Ingeniería tiene una sola víctima, Intendencia tiene pocas también”, recuerda Noguera.
Son constantes las denuncias de malos tratos, de torturas, de abuso sexual, las deserciones de chicos que se aventuran a cruzar los límites del cuartel y conseguir huir hacia la libertad.
El Ministerio de Justicia y Trabajo, tiene responsabilidad en lo que hace a la reparación. La ley 1.115 en su artículo 124 establece una pensión por muerte en servicio. “Dice que el personal militar que muere en servicio debe ser ascendido al grado inmediato superior en forma póstuma para que los padres tengan derecho a cobrar la pensión correspondiente que en el caso de los conscriptos es de 640.000 guaraníes”, recuerda Noguera.
“En el caso de mi caso hijo que fue ascendido a subteniente la pensión llega a 936.000 guaraníes. Fui la primera en cobrar y después de conformada la organización comenzamos la solicitudes para los ascensos póstumos de Anibal Silva Sánchez que murió en el '97 y de Fermín Ocampo que murió en el '98”, informa.
Las trabas se multiplican porque “la falta de voluntad para solucionar los problemas es increíble. Yo cobré después de un año y siete meses. La señora Bernardina Araujo cobró en 5 años, Iluminada Cubillas después de 10 años, el papá de Freddy Velázquez esperó mucho. A la señora María Román le dan media pensión hasta que supuestamente se hagan todos los trámites para que cobren la pensión completa”.
Con la fuerza del dolor, la tarea continúa.

El dolor que nadie repara
Uno. Lorenzo Ruiz tenía 17 años cuando falleció. Una comisión militar acercó el cadáver hasta Yasy Kañy, en Lagunita, departamento de Canindeyú. Allí lo recibieron su padre y sus hermanos. Cumplía el servicio militar en la 3ª División de Caballería. Les dijeron que el chico manipulaba un fusil y el tiro le ingresó accidentalmente debajo del ojo.
“Yo soy mariscador y conozco de armas. Si bala ingresaba como ellos dicen le hubiera destrozado la cabeza y hubiera tenido una inclinación diferente en la trayectoria. Sin embargo el disparo es casi recto y el orificio de salida es pequeño”, dice Crescencio Ruiz, padre de la víctima. Todo indica que fue ejecutado.
Andrés Ruiz, el hermano, recuerda los trámites que hicieron ante el fiscal de Saltos del Guairá sin mayores resultados. “Paralizan todo”, cuenta. Lorenzo pertenecía a una familia de agricultores que vive de lo que plantan en las 30 hectáreas de don Crescencio.
La autopsia del cadaver fue hecha en ausencia de los familiares que todavía recuerdan que el sargento Roberto Barreto, responsable de la compañía de Lorenzo jamás se dignó a hablar con ellos.
“En Paraguay no hay justicia”, se lamenta Don Crescencio.

Dos. Dionisio Coronel prestaba servicios en la Academia Militar de Capiatá. Falleció el 9 de septiembre de 1.989. La comisión que llevó el cadáver a la casa de karai Coronel le dijo que el chico fue apretado por la puerta trasera de un colectivo de la línea 29, que el menor cayó y se murió. El cuerpo tenía golpes en el rostro, en las muñecas y una mancha oscura y grande en la nuca. Todo indica que murió después de una larga sesión de torturas.
Don Coronel, es también agricultor y sufre la falta de tierras para sus hijos. De los 12 que tiene, solo dos tienen un terreno para cultivar. Los que cultivan no tienen precio para sus productos. “Queremos justicia”, pide.
Lo extraño del caso Coronel, es que a pesar de haber fallecido durante el servicio militar, en sus documentos le dieron de baja como si lo hubiera terminado el 11 de octubre de 1990, más de un año después de muerto.

Tres. Feliciano Vera González falleció el 9 de septiembre de 1990. Hacía trabajos domésticos en la casa de la hija del coronel Federico Carpinelli Yegros. Según la fuerza murió electrocutado al manipular un lavarropas. Dependía de la 3ª División de Caballería.
Tenía un moretón de grandes dimensiones a la altura de los riñones, al cuerpo le salía sangre por la nariz y por los oídos. Su hermano hizo tomar fotos del cadáver que muestran signos de tortura. El Poder Judicial jamás investigó el caso. Es más un fiscal pidio la caducidad de la causa contraviniendo las disposiciones sobre derechos humanos que contempla la legislación paraguaya. “Algún día i katu ya esclarecé”, dice su hermano Juan.

Jorge Zárate