7 de agosto de 2016

Compromiso de ONU y OEA ante el fallo aberrante de la justicia paraguaya

Escandalosa resolución en el caso Curuguatyparaguay

Defensores de los campesinos condenados por un tribunal demandan una investigación independiente sobre la causa que en 2012 dejó seis policías y 11 labriegos muertos. Penas de entre cuatro y 35 años de prisión.

La comunidad internacional se mostró azorada ante las condenas de la justicia paraguaya sobre la llamada masacre de Curuguaty. La ONU reiteró su pedido para que se constituya una comisión independiente de investigación mientras la OEA se comprometió a analizar el caso. Hubo, además, numerosas organizaciones no gubernamentales que rechazaron el fallo que condenó a 11 campesinos en el caso en el que murieron seis policías y 11 labriegos.
La investigación oficial sólo indagó sobre la muerte de los uniformados pero dio la espalda a los asesinatos de los campesinos que ocupaban tierras y que fueron desalojados por la fuerza el 15 de junio de 2012. El tribunal presidido por Ramón Trinidad Zelaya sentenció a Rubén Villalba a 35 años de reclusión, 30 de pena y cinco años de medida de seguridad. También condenó a Luis Olmedo (20 años de prisión); Néstor Castro y Arnaldo Quintana (18 años cada uno); Lucía Agüero, María Fany Olmedo y Dolores López Peralta (seis años) y Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramón Ramírez y Adalberto Castro Benítez (cuatro años).
La Fiscalía y luego el tribunal no exhibieron pruebas contundentes que demostraran cómo se puede sostener la hipótesis de que un grupo de alrededor de 50 campesinos que tenían unas pocas escopetas de caza, encontradas sin haber sido disparadas por los peritos, pudieron emboscar y matar a policías que cayeron abatidos por armas de guerra, fusiles y ametralladoras, de acuerdo a las consideraciones de expertos.
Sin independencia
La voz más resonante que cuestionó el fallo fue la del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien recordó que Paraguay se comprometió a conformar una comisión independiente de investigación. “La condena de 11 campesinos en el caso Curuguaty luego de un juicio que se señala por no haber respetado garantías procesales es muy preocupante. En los últimos cuatro años, varios mecanismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han advertido sobre graves irregularidades en la investigación, incluidas denuncias de violaciones del debido proceso y al derecho a la defensa”, dijo.
“Estoy también profundamente preocupado por el hecho de que, hasta ahora, las muertes de 11 campesinos que murieron en el mismo incidente no han sido investigadas por las autoridades paraguayas, ni se han investigado las alegaciones que algunos de estos campesinos fueron ejecutados sumariamente luego de ser sometidos a tortura y otras violaciones de derechos humanos”, agregó el diplomático.
Movimientos sociales y políticos movilizados por este juicio lograron un compromiso del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para estudiar la posibilidad de abrir una investigación independiente. El diputado por el Frente Guasu del Parlamento del Mercosur (Parlasur) Ricardo Canese informó que Almagro “va a analizar seriamente esta posibilidad de abrir esa investigación independiente en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en base a los elementos que nosotros le enviemos y a las consultas que haga con el Gobierno”.
Argumentos y objetivos
La masacre de Curuguaty fue la excusa de la derecha para derribar al gobierno de Fernando Lugo apenas una semana después el 22 de junio, en un juicio político express en el que no tuvo posibilidad real de defensa.
Para entender el fallo cabe recordar el reporte de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) del informe “Tierras Mal Habidas”, que da cuenta de la existencia de “Beneficiarios de la Reforma Agraria” que no son precisamente los sectores campesinos. Entre quienes lograron hacerse de tierras se destacan el genocida Alfredo Stroessner, su sucesor Andrés Rodríguez y Blas N. Riquelme, alto dirigente del Partido Colorado, agrupación política del actual presidente Horacio Cartes. Se estima que casi ocho millones de hectáreas de las 40 millones que tiene Paraguay fueron adjudicadas de forma totalmente irregular.
Riquelme hizo un juicio de usucapión para quedarse con Marina Kue (antiguas tierras de la marina en guaraní), tierras públicas del Estado paraguayo, vecinas a su establecimiento Campos Morombi. Un planteo espurio en el que un juez venal le concedió la titularidad de las tierras. En ese marco se hizo el desalojo.
La ocupación de las tierras públicas de Marina Kue por parte de un grupo de campesinos debía ser impedida de cualquier forma porque podía convertirse en el ejemplo a seguir para la recuperación de las tierras mal habidas. Por eso el fallo es en definitiva, como subrayan los analistas, un intento de domesticar la protesta campesina.
Letra muerta
La Constitución consagra el derecho de cada paraguayo y paraguaya a una parcela donde cultivar. Pero hay más de 300 mil familias campesinas sin tierra. La lucha por la tierra dejó desde 1989 hasta hoy más de 100 muertos. Paraguay no tiene catastro de sus tierras por esa misma razón: la minoría que gobierna no quiere aclarar el origen de la propiedad de sus latifundios.
Estas tierras son la clave del agronegocio. Actualmente se destinan algo más de 3,5 millones de hectáreas a las plantaciones de soya en un territorio que si se pudiera superponer los mapas de locación con los de las tierras mal habidas se darían coincidencias reveladoras.
La exportación de soya en bruto deja al año alrededor de 2 mil millones de dólares casi libres de impuestos para este 3% de los propietarios del 88% de las tierras.
Lo aberrante del fallo sobre la masacre de Curuguaty se suma a un escenario donde la protesta social va en aumento. El movimiento contrario a las políticas del presidente Cartes se va ensanchando en la base pero aún no tiene liderazgos visibles. Ninguna figura política pública se enfrenta a las fuerzas del agronegocio. Ni siquiera el ex presidente, actual senador y líder del Frente Guasu, Fernando Lugo. Sucede lo mismo con el negocio de la importación y la triangulación de mercaderías como la venta de electrónicos chinos a Argentina y Brasil. Estos negocios junto al narcotráfico son el poder real del país. Esto explica el vergonzoso fallo que sacude jurídicamente a las organizaciones internacionales.
Desde Asunción,
Jorge Zárate

Rechazo al intento de desalojo de más de 300 familias

Organizaciones campesinas y sociales que forman parte de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) repudiaron el intento de desalojo del Asentamiento Primero de Marzo “Joaju” del Distrito de Ybyrarobana, Departamento de Canindeyu. En el lugar están asentadas alrededor de 330 familias dedicadas a la Agricultura Familiar Campesina.
Estas familias ocupan las tierras desde hace cuatro años “para poder subsistir y alimentar a sus familias”, recordaron las organizaciones durante la última sesión plenaria realizada a mediados de julio. Agregaron que “actualmente, a pesar de la amenaza de desalojo, viven en el lugar cerca de dos mil personas” y que “la comunidad cuenta con producción de alimentos, escuela, puesto de salud, almacenes comunitarios, entre otras cosas”.
Las tierras ocupadas en Ybyrarobana son del lote de las llamadas “mal habidas”. A pesar de estar destinadas a la reforma agraria fueron adquiridas por la familia Bendlin en época de la dictadura stronista a cambio de un avión.
La Coordinadora Intersectorial denunció la sistemática persecución a quienes reclaman el derecho a un pedazo de tierra y responsabiliza al gobierno de Horacio Cartes de cualquier hecho de violencia que pueda generarse a través de un desalojo forzoso. Para el 10 de agosto estaba prevista en Asunción una plenaria nacional para analizar el problema de la tierra con la participación de todas las organizaciones afectadas.

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