6 de agosto de 2012

Golpistas aislados


Foto Soledad: el destituido presidente Fernando Lugo anunció un plan de lucha para recuperar la democracia y prometió liderar una campaña que recorrerá los 17 departamentos del país. Un incipiente frente social gana las calles y se organiza para las elecciones del 13 de abril próximo. Desde el golpe del 22 de junio el nuevo régimen intentó en vano ser reconocido internacionalmente. Unasur y Mercosur se muestran inflexibles al aplicar la sanción política adoptada por los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay, pero sin dejar de lado los planes sociales y económicos que el bloque había adoptado con anterioridad. El respaldo de la OEA y la presión de Estados Unidos para evitar que el nuevo gobierno quede aislado son vistos como un triunfo por los funcionarios del golpe.


“Volveremos a reconquistar la democracia”, dijo Fernando Lugo al leer un mensaje a la ciudadanía el 22 de julio pasado, un mes después del golpe de Estado parlamentario que lo destituyera de manera ilegal en menos de 36 horas. Al hablar en el local del Frente Guasu ubicado a metros de la residencia presidencial Mburuvicha Roga, que hoy usurpa Federico Franco, anunció una campaña de trabajo en los 17 departamentos en un programa que será –dijo– de “resistencia y lucha”.
En el acto, Lugo fue más directo que nunca en el análisis de lo que pasó en los días de su destitución: “la tragedia ocurrida una semana antes (del juicio político), que produjo la muerte de 17 compatriotas (campesinos y policías, en Curuguaty), fue manipulada para justificar la actitud antidemocrática de parlamentarios golpistas”, dijo. El ex obispo reafirmó su decisión de aceptar de manera pacífica el procedimiento que lo destituyó: “los que tramaron contra el pueblo paraguayo esperaban que diéramos el paso en falso, y que en nuestra legítima defensa frente al Golpe, les diéramos la oportunidad para provocar más muertes y volver a utilizarlas en favor de sus conspiraciones. Optamos conscientemente por no alimentar la espiral de la violencia y la muerte”.
Días antes, en un acto en la localidad de María Auxiliadora, Itapúa, en el corazón soyero del país, Lugo había observado un país dividido entre demócratas y golpistas. Además, denunció que “los golpistas envenenan las tierras y a la gente; y hablan de soberanía, pero soberanía para unos pocos, los soyeros (grandes cultivadores de soya) y multinacionales, liberándolos del pago de sus impuestos”.

 Resistencia y lucha
El gobierno de Federico Franco intentó maquillar el carácter del nuevo régimen prometiendo reforma agraria, planes sociales y reuniones con los campesinos. Sin embargo, sus acciones de fondo tomaron un rápido cariz de política liberal anticrisis capitalista.

•Aceleró la radicación de una planta laminadora de aluminio de la canadiense Río Tinto Alcan objetada por la contaminación del medioambiente, por el poco impacto laboral y porque en su operatoria consumiría la misma cantidad de energía que hoy usa todo Paraguay.

•Nombró al economista Manuel Ferreira, representante de los soyeros, como ministro de Hacienda. En sus primeras declaraciones, admitió la posibilidad de concesionar empresas públicas, marcando un retorno a las privatizaciones que fueran rechazadas siempre por la fuerza popular.

•Otorgó un crédito de 50 mil millones de guaraníes (12,5 millones de dólares) a los ganaderos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), mientras los pequeños productores claman por asistencia crediticia.

Frente a esto, el 15 de agosto se realizará una movilización del Frente en Defensa de la Democracia, que busca capitalizar organizadamente la resistencia civil al gobierno de facto. Se estima que uno de los aportes masivos para esta jornada provendrá de los sectores campesinos, muchos de los cuales estaban enfrentados a Lugo ante el casi nulo avance de su gobierno en la reforma agraria. Pese a que esas diferencias paralizaron buena parte de las movilizaciones durante las horas del juicio político, el avance del gobierno de facto en contra de los intereses populares cambió el escenario y revitalizó la protesta.
Los partidos de izquierda que integran el Frente Guasu son muy pequeños y no tienen una militancia de base que pueda generar movilizaciones masivas. Aun así, se advierte un crecimiento del descontento popular y se espera que la demostración del 15 sea importante.
Los integrantes de la resistencia sostienen que el pueblo no sólo votó a Lugo, sino que lo hizo también por un programa de políticas sociales que su gestión se esforzó en establecer. Aunque muchos admiten que el ex obispo hizo poco en relación a la tremenda desigualdad que existe en el país, su gestión dejó en claro el sentido redistributivo.
Mencionan el acceso gratuito a la salud; lograr que Brasil pague más por la energía que compra a precios irrisorios de Itaipú; y la puesta en marcha de planes de apoyo social, de vivienda y de consolidación de los asentamientos campesinos.
Las elecciones presidenciales del 20 de abril de 2013 ofrecen chances para el Frente Guasu de capitalizar el descontento. En 2008, Lugo llegó al gobierno al frente de una alianza en la que tenía una fuerte presencia el Partido Liberal Radical Auténtico (Plra), integrado a su vez por expresiones que, cuatro años después, lo derrocarían. Ahora, ya sin aliados de derecha, hay un frente social y político que tiene la posibilidad de pelear el ingreso de más diputados y senadores, de establecer un programa claro en defensa de la reforma agraria, de pelear por una victoria que revierta este cuadro de desesperanza en que los golpistas sumergieron a la población.
El horizonte es propicio con o sin la candidatura de Lugo, quien podría aspirar a una banca de senador, más si se tiene en cuenta el escenario de una derecha divida entre el Plra, el Partido Colorado, Unace (Unión Nacional de Ciudadanos Éticos) y Patria Querida, cuyas facciones tienen un discurso explícitamente antipopular.
Franco insiste en que el 15 de agosto de 2013 entregará el gobierno al mandatario que sea elegido en esos comicios, en los que además se elegirá al vicepresidente, 17 gobernadores, 80 diputados, 40 senadores y legisladores departamentales (provinciales) para un período de cinco años (la legislatura paraguaya no se renueva a mitad de período presidencial, sino que acompaña los cinco años del Poder Ejecutivo).

Presencia regional
A partir de la decisión de los presidentes de Brasil, Argentina y Uruguay de suspender a Paraguay como estado miembro del Mercosur, todas las instituciones del bloque regional le han dado la espalda al nuevo régimen. Aun así, la premisa de no afectar al pueblo paraguayo implica un desafío adicional. Durante todo julio se realizaron reuniones políticas y técnicas para definir la compleja relación, de manera que las acciones trazadas por el bloque garanticen los programas sociales, sanitarios, comerciales o financieros que involucran a Paraguay. Se trata de continuar con políticas de integración que, necesariamente, involucran a las autoridades desconocidas.
El 23 de julio, el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur rechazó una demanda que Paraguay promovió ante el organismo, solicitando dejar sin efecto la suspensión del país ante el bloque y el ingreso de Venezuela, decisiones tomadas durante la última cumbre del Mercosur en Mendoza, Argentina. El organismo señaló que “no están presentes los requisitos para la admisibilidad del procedimiento excepcional de urgencia” porque no se agotaron los trámites para hacer lugar a la pretensión paraguaya.
El gobierno de facto de Federico Franco “deploró” el rechazo de la demanda que promovió ante el Tribunal Permanente de Revisión (TRP) del Mercosur para el levantamiento de sanciones y anunció que acudirá a otras instancias internacionales para tratar de revertir la medida. “Paraguay continuará en la lucha por la defensa de sus derechos” y “deplora que una vez más dentro del Mercosur la legalidad y el derecho queden relegados ante razones coyunturales de naturaleza política”, dijo su canciller, José Félix Estigarribia. La prensa reaccionaria, como el diario ABC, vocero del golpismo, interpretó que el TRP “recibe órdenes de Itamaraty”, en referencia a la cancillería brasileña.
Al cierre de esta edición se conformó el Grupo de Alto Nivel de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) para el seguimiento y evaluación de la situación en Paraguay. Durante una reunión en Perú, el grupo presidido por el ex primer ministro de Perú, Salomón Lerner, estableció un plan de trabajo para el cumplimiento del mandato dado por la Cumbre de Unasur, celebrada el 29 de junio en Mendoza, Argentina. Del encuentro en el palacio Torre Tagle, sede de la cancillería peruana, participaron los representantes de Surinam, Glenn Alvares; Brasil, Guillermo Patriota, y de Argentina, Rodolfo Mattarollo. El grupo reafirmó la suspensión de Paraguay hasta que se celebren las elecciones de abril próximo.
Al mismo tiempo, una delegación de legisladores del Parlamento del Mercosur (Parlasur) inició una investigación sobre la situación paraguaya, que incluyó reuniones con representantes de los distintos poderes del Estado y una visita a la zona de Curuguaty, donde a mediados de junio se produjo la matanza de campesinos y policías, en un hecho que el régimen de Franco no ha logrado esclarecer.
Más de un mes después de la destitución de Lugo, la Organización de Estados Americanos no había logrado una posición común frente a los hechos en Paraguay. La reunión del Consejo Permanente de mediados de julio se pronunció en contra de la suspensión de Paraguay y a favor de que el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, envíe una misión de apoyo a ese país ante la crisis por la destitución de Fernando Lugo. Estados Unidos oficializó su idea de no sancionar a Paraguay mientras que Insulza recibió públicamente las felicitaciones del canciller del régimen paraguayo. 

Desde Asunción, Jorge Zárate

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