28 de noviembre de 2013

Indignados ante los vendepatria

 El año nuevo nos encontrará en las calles porque ya no quedan grandes dudas acerca del rumbo que Horacio Cartes le quiere dar al país: Más concentración de la riqueza sostenida en la represión de la protesta popular.
Por Jorge Zárate
Foto de la manifestación del 15 de Noviembre, compartida por Mario Franco Nunes. Publicada en el periódico digital www.ea.com.py





















Por eso es saludable la salida de los , porque viene a sumar a mucha gente común que se va dando cuenta que hay que cambiar la matriz de la injusticia.
La oligarquía. Su latifundio, el avance del agronegocio, la falta de tributo de las principales actividades económicas, la ausencia de estado que se ve en una educación ineficiente y para pocos, una salud pública en retroceso luego de haberse consagrado la gratuidad, la inexistencia de políticas de asistencia eficiente a casi el 60% de la población en pobreza.
El arco de problemas histórico subyace en la protesta de este grupo variopinto. No es que lo desconozca, sino que no le alcanzan las fuerzas para enfrentarlo porque quizá siente culpa de ciertas comodidades, de alguna complicidad con las clases altas, quien sabe.
Echar a Víctor Bogado y a los 23 senadores que blindaron sus fueros en una votación vergonzosa le parece un objetivo plausible a esa clase media hasta ayer inmóvil, hoy contenta con poder reírse de un privilegiado del poder, de evitar que se siente en el mismo restaurante, que visite sus mismos lugares.
Pueden considerar una victoria que el senador diga que va a ofrendar sus fueros para salvar al desprestigiado Poder Legislativo, aunque el objetivo del abrazo al Congreso de este jueves 28 #28NPy sea que renuncien los 23.
Todo indica que el movimiento deberá seguir en las calles para que el inefable Poder Judicial condene seriamente a Bogado. Allí enfrentará un escollo que todas las organizaciones sociales, sindicales, campesinas conocen de sobremanera: El fallo aberrante como arma interminable.
Tanto el , la caravana del  que se dispararon en las redes sociales comparten en su matriz un ejercicio que debe ser seguido con atención.
En general, como ha sido en el mundo con los ejemplos de la Primavera Arabe hasta la ocupación de Wall Street han servido para hacer de esa catarsis personal que favorecen twitter y facebook, una manifestación colectiva parecida a un meme gigante o a 140 caracteres de discurso que la gran mass media alienta en tanto es conveniente a sus intereses y abandona cuando la masa crítica crece en número y conciencia.
Esta curva será idéntica en nuestro país.
Los jóvenes del papel higiénico y banderas paraguayas, disfraces y frases ingeniosas, podrán evolucionar hacia consignas más profundas siempre y cuando entiendan lo mismo a lo que las organizaciones sociales se vienen acercando: La lucha contra el sistema es unitaria.
Horacio Cartes, lejos de lo que quiere ver en él la oligarquía, no es un hombre moderno, ni práctico, ni eficiente. Sus primeros 100 días dieron muestras claras de ello.
Por eso estas acciones encierran un peligro: La paradoja que este presidente que pagó un golpe de estado parlamentario tenga un Congreso allanado para que su bufette de abogados termine los contratos de venta de todos los bienes públicos cuanto antes.
Esto es lo más indignante, lo que nos debe llevar a la calle, juntos para cambiar la matriz oligárquica y vende patria.
La más escandalosa corrupción comenzó y lo de Bogado, ante ello, es un mero caso de periodismo de chimentos.

18 de noviembre de 2013

La gente percibe que la policía está involucrada en la delincuencia



Alrededor de un 50% de la población cree que los agentes de la fuerza son parte de los problemas de seguridad que aquejan al país, según reveló el Regional de Desarrollo Humano. Seguridad Ciudadana con Rostro Humano 2013/14 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).


El problema de la corrupción también quedó marcado en el informe ya que un 13,6% de los consultados en el país respondió que recibió un pedido de coima de un policía, un 7,4% que recibió un pedido de un funcionario público y un 14,4% consideró que se justifica pagar un soborno. 
Ante esta realidad que se reproduce en todo el continente, el estudio recomienda: “Es necesaria una política de acercamiento entre la policía y las comunidades, que permita mejorar la imagen de esta institución: la policía debe ofrecer un trato respetuoso y mostrar una buena respuesta a los problemas de inseguridad local. Asimismo resulta clave responder de manera oportuna y decidida a los casos de corrupción y abuso policial, estableciendo sanciones claras que les den certeza a los ciudadanos”. 
Por ello explica que “las reformas policiales deben aspirar a reorganizar los mandos policiales, incluyendo una gestión descentralizada y la racionalización de la toma de decisiones; establecer y reestructurar los mecanismos internos y externos de rendición de cuentas; profesionalizar la gestión
de policías y administrativos, e incrementar la colaboración entre la policía y las comunidades”. 
Esta posibilidad de construir una policía comunitaria “implica un amplio cambio en la estructura
organizacional, en el proceso de toma de decisiones y en la cultura institucional de la policía en relación con las comunidades. Este cambio incluye la descentralización operativa en territorios más pequeños y el acercamiento a la comunidad para labores de diagnóstico, colaboración y fiscalización de la labor policial por parte de los ciudadanos”, señala el estudio. 
Expone entonces que “la participación de las organizaciones civiles, los empresarios y grupos religiosos, entre otros actores claves, aporta un valor importante”.
Apunta entonces que “se debe fortalecer la presencia policial en las zonas más críticas a partir del conocimiento previo de la concentración territorial de la violencia y el delito. Dicho despliegue debe ir acompañado de programas sociales y del trabajo cercano con las comunidades.
Para los delitos de mayor impacto- homicidios, secuestro, extorsión, trata de personas, explotación sexual y desapariciones- deben impulsarse respuestas intersectoriales que involucran a las policías, ministerios públicos y demás instancias competentes”, indicó. 

Responsabilidad mediática
“La cobertura noticiosa debe proteger la integridad y la intimidad de las víctimas y sus círculos cercanos; asimismo, debe evitar la exposición de la violencia y el amarillismo, así como la proliferación de mensajes que sobredimensionen la ocurrencia de los delitos”, señala el informe haciéndose eco de una extendida práctica de los medios de comunicación, principalmente televisivos de sobredimensionar la cobertura policial. 
“La difusión mediática de un hecho real puede llegar a generar alarmas que superen a la misma realidad”, apuntó remitiendo al profesor de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, Jorge I. Domínguez que explicó que en América Latina “es tanto el ruido mediático que producen el crimen y la violencia, que pareciera que hay autoparlantes en las calles anunciándolos. Las telenovelas que glorifican a los capos de la droga contribuyen a la distorsión”, señala. 

Ejemplos de cambio
En República Dominicana, se lanzó en 2013 un Plan de Seguridad Ciudadana que tiene como objetivo reformar la estructura de la Policía Nacional. Con este fin, se creó un Consejo de Seguridad, encabezado por la Presidencia y compuesto por los demás actores estatales en materia de seguridad.
En Nicaragua el alto grado de aceptación con el que cuenta la Policía Nacional está vinculado al modelo comunitario desarrollado desde su fundación, durante la revolución sandinista en los años ochenta (Policía Nacional Sandinista).
Ésta es bien valorada por sus buenos resultados y su legitimidad. El PNUD en Nicaragua identifica ocho procesos que explican los éxitos de la policía entre ellos: el perfil comunitario; el abordaje preventivo de la violencia juvenil; el abordaje diferenciado, preventivo e integral de la violencia intrafamiliar y sexual; el sistema de educación policial y el enfoque de género entre otros. 
En El Salvador y Guatemala, surgieron nuevas instituciones de policía civil como parte de los acuerdos de paz. Sin embargo, el incremento de la criminalidad ha fortalecido el apoyo a respuestas represivas que han amenazado los procesos de reforma.
En Colombia, destaca el esfuerzo de cambio institucional llevado a cabo en los años noventa a partir de los escándalos de corrupción asociados al tráfico de estupefacientes y la mala imagen
pública. Entre ambas reformas hubo una depuración policial importante que ha contribuido a mejorar la eficacia y la percepción de la institución por parte de la ciudadanía.
El reto de la policía continúa siendo superar la estructura y el carácter militar que ha tenido desde 1953.
La Policía de Investigaciones de Chile estaba tan desprestigiada al final de la dictadura que se discutió la posibilidad de que fuera absorbida por los Carabineros. Sin embargo, fue depurada, reorganizada y modernizada con éxito. Los carabineros de Chile también han sido objeto de procesos institucionales de modernización, lo que les ha dado buenos niveles de imagen interna y externa, reporta el Regional de Desarrollo Humano. Seguridad Ciudadana con Rostro Humano 2013/14 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

17 de noviembre de 2013

Una mayoría quiere políticas de mano dura y tener armas para defenderse

Nota publicada en La Nación, para descargar el informe hacer click en la imagen

Armarse como una forma de defenderse está en la pretensión de un 52,2% de los encuestados para el Informe Regional de Desarrollo Humano. Seguridad Ciudadana con Rostro Humano 2013/14 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Un número que coincide con otro indicador fuerte: Más de un 75% se mostró de acuerdo con que se apliquen políticas de mano dura con la delincuencia.
A pesar de ello la mayoría considera que la policía debe cumplir con la ley. Así lo manifestó más de un 60% de los encuestados aunque un 34,5% dijo que haría justicia por mano propia.
Los reflejos de una policía cuestionada en su efectividad se hacen notar en el número creciente de guardias de seguridad presentes en el país. Hay alrededor de 450 guardias privados cada 100 mil habitantes, un número mayor que el de policías que es de 350 cada 100 mil habitantes.
Una cuestión que es tomada con preocupación en el informe donde se consigna que “los agentes de seguridad privada de América Latina son los más armados del mundo, con una tasa de posesión de armas por empleado 10 veces mayor que la de Europa Occidental”.
Como dato positivo se expone que hay 16,2 jueces cada 100 mil habitantes una de las tasas más altas del continente aunque la mayoría de la población tiene poco y nada de confianza en la justicia criminal del país.
El informe describe también como la informalidad económica funciona como un escudo para evitar robos y secuestros: “También los empresarios y el sector privado han modificado sus conductas debido a la violencia. Por ejemplo, en casos extremos, los empresarios, especialmente los más pequeños, pueden pasar de la formalidad a la informalidad u ocultar sus ganancias para atraer menos a los criminales. En países donde la corrupción y el crimen han penetrado en las instituciones del Estado, los empresarios temen que los delincuentes accedan a información confidencial de sus empresas para efectos de extorsión. Al esconderse en el sector informal, las empresas pueden gozar del anonimato pues no registran su existencia o sus finanzas ante el Estado”. Agrega que “sin embargo, el aumento de la informalidad niega valiosos ingresos fiscales al Estado, lo que debilita aún más la capacidad de sus instituciones, como la policía y el poder judicial; además, restringe las acciones de las empresas y, muchas veces, su crecimiento”, considera

Preocupación principal
La seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de América Latina. El delito, la violencia y el temor que éstos generan son desafíos que comparten todos
los países de la región, aunque con distintas intensidades. De ahí que el Informe Regional de Desarrollo Humano. Seguridad Ciudadana con Rostro Humano 2013/14 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) centre su atención en esta modalidad específica, sin negar que una concepción amplia de la seguridad —que integre aspectos como la salud, la educación y la seguridad alimentaria— es la base de la seguridad ciudadana y del desarrollo humano.
Esta consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna.
Igual que en informes anteriores del PNUD, esta concepción está centrada en el bienestar de las personas y considera que la provisión de seguridad ciudadana es un requisito indispensable para su desarrollo humano. Asimismo, subraya el papel central que tiene la vigencia real y la tutela de una serie de derechos humanos que son exigibles frente al Estado. Así, la falta de empleo, la pobreza, la inequidad o la carencia de libertades, por citar sólo algunos ejemplos, son obstáculos directos para la convivencia y la seguridad ciudadana, reporta el estudio.

Desconfianza en la justicia
√ Más de un 60% de los encuestados consideró que debe respetarse siempre la ley

√ Un 34,5% dijo que haría justicia por mano propia

√ Más de un 75% se mostró de acuerdo con políticas de mano dura

√ Un 52,2% dijo que tendría un arma de fuego para su protección

√ En el país hay alrededor de 450 guardias de seguridad privada cada 100 mil habitantes

√ También unos 350 policías cada 100 mil habitantes.

√ Hay 16,2 jueces cada 100 mil habitantes una de las tasas más altas del continente
√ La mayoría de la población tiene poco y nada de confianza en la justicia criminal del país

√ En el país se tienen registradas 361.093 armas. Un 56,1% de los homicidios se dan con armas de fuego (estudios del 2009) y también están presentes en el 27,1% de los robos.

Fuente: Informe Regional de Desarrollo Humano. Seguridad Ciudadana con Rostro Humano 2013/14 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).


16 de noviembre de 2013

La inseguridad hace que se cambien lugares de compras y recreación

Nota Publicada en La Nación, para acceder al informe hacer click en la imagen
Paraguay es junto con Bolivia uno de los países con las tasas de homicidio más bajas de la región y en general la percepción de su población hacia la inseguridad se situa en un término medio en relación al continente, según revela el informe Regional de Desarrollo Humano, Seguridad Ciudadano, presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
Se destaca en el relevamiento que un 30,3% de los encuestados dijo haber limitado sus lugares de compra debido a la inseguridad y también que un 34,7% respondió que puso límites también a sus lugares de recreación. También que un 55% de los encuestados respondió que se siente inseguro al caminar por las calles solo de noche.
A pesar de ello, la tasa de homicidios es baja, Paraguay tiene un 19% de victimas urbanas y 10% de víctmas rurales. A pesar de que su población urbana creció en un 3,4% la tasa de homicidios bajó un 5,73% en el período entre el 2000 y el 2010.
La tasa de robos se incrementó de 17 habitantes cada 100 mil por año en el 2005 a 18,2 en el 2010 de acuerdo al informe. Del total de los registrados 37,33% fueron con violencia, 47,11% sin violencia y otro tipo de asaltos donde entran la agresión física, asalto sexual, violación, vandalismo tiene un índice de 15,56% con datos de 2012
Otro dato elocuente es que en el país se tienen registradas 361.093 armas. Un 56,1% de los homicidios se dan con armas de fuego (estudios del 2009) y también están presentes en el 27,1% de los robos.
Paraguay figura en el puesto 111 del indicador de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas y su índice apenas avanzó de un 0,641 en el 2005 a 0,669 medido en el 2012, representando una variación de 4,37
“El objetivo posible del informe es lograr una seguridad ciudadana con rostro humano”, dijo Heraldo Muñoz, director del programa para el continente. El Informe recomienda políticas orientadas a la mejora de la calidad de vida de la población, con prevención del delito y la violencia por medio de un crecimiento incluyente, instituciones de seguridad y justicia eficaces, además de medidas para estimular la convivencia social.

Amenazas principales
Según reporta el Informe Regional de Desarrollo Humano. Seguridad Ciudadana con Rostro Humano 2013/14 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) las amenazas más comunes a la seguridad en el continente son:
Delito callejero: se refiere a hurtos y robos de pequeña cuantía que suelen ocurrir en lugares públicos y que involucran, en algunos casos, amenazas de violencia, golpes o lesiones contra las víctimas.
- La violencia y el delito callejero ejercido en contra y por los jóvenes: los jóvenes constituyen el grupo más afectado por la criminalidad y la violencia, y a su vez, son los responsables más comunes de la violencia intencional y de la comisión de delitos.
- Violencia de género: son todas las formas de violencia contra una persona o un grupo de personas en razón de su género, que suelen expresarse de manera más intensa y predominante contra mujeres y niñas.
- Corrupción: en su sentido amplio, comprende la apropiación indebida de los bienes públicos, cuya provisión es responsabilidad del Estado.
- Violencia ilegal por parte de actores estatales: incluye un amplio rango de actividades que van desde el abuso policial de los ciudadanos, acciones que constituyen claras violaciones a los derechos humanos, hasta la participación directa de actores estatales en actividades vinculadas con la delincuencia organizada.
- Delincuencia organizada: es toda acción delictiva organizada y prolongada en el tiempo cuya capacidad de sustraer y proveer bienes y servicios implica la corrupción, la coacción y, en algunos casos, la violencia.

Datos de un problema social

√ Paraguay figura en el puesto 111 del indicador de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas y su índice apenas avanzó de un 0,641 en el 2005 a 0,669 medido en el 2012, representando una variación de 4,37

√ Bolivia y Paraguay, se encuentran entre los países con tasas de homicidio más bajas de la región.

√ La desigualdad en Costa Rica es la misma que en Paraguay (Gini 0.51), pero la tasa de
robo de Costa Rica es signi!cativamente mayor que la de Paraguay (975 por 100,000 habitantes y 18 por 100,000 habitantes,
respectivamente).

√ Según el reporte un 30,3% de los encuestados dijo haber limitado sus lugares de compra debido a la inseguridad

√ Un 34,7 dijo haber limitado sus lugares de recreación

√ Los hogares sostenidos por madres solteras crecieron en Py de un 22,5% en 1994 a un 28,4% medido en el 2005.

√ América Latina es la región más urbanizada del mundo, con casi el 80% de la población que habita en las ciudades

√ Paraguay tiene un 19% de victimas urbanas y 10% de víctmas rurales. A pesar de que su población urbana creció en un 3,4% la tasa de homicidios bajó un 5,73% en el período entre el 2000 y el 2010

√ En el país se tienen registradas 361.093 armas. Un 56,1% de los homicidios se dan con armas de fuego (estudios del 2009) y también están presentes en el 27,1% de los robos.

√ La tasa de robos se incrementó de 17 habitantes cada 100 mil por año en el 2005 a 18,2 en el 2010 de acuerdo al informe.

√ Del total 37,33 fueron con violencia, 47,11 sin violencia y otro tipo de asaltos donde entran la agresión física, asalto sxual, violación, vandalismo 15,56 con datos de 2012

√ Un 55% de los encuestados respondió que se siente inseguro al caminar por las calles solo de noche

√ En la percepción de la gente un 24,5% sintió inseguridad en el barrio, un 47,5% un deterioro de la seguridad, aunque al ser víctima directa es la respuesta fue de 15,3%

√ Curiosamente la percepción en el país es que los delincuentes comunes (más del 50%) son la principal preocupación o causantes de inseguridad, en tanto que el crimen organizado y el narcotráfico no llega al 10% y la percepción de las pandillas no alcanza un 20%

√ A pesar de ser la trata de personas un problema que tiene registro en la prensa nacional, en el informe no se consignan mayores datos sobre la situación nacional.

√ La tasa de violaciones pasó de un 8,3 cada 100 mil habitantes en el 2005 a un 7,8 en el 2010

√ La de violencia intrafamiliar de 3,1 cada 100 mil a 5,2 en el 2010

√ Con datos de 2008, un 18,4% de las mujeres encuestadas dijo haber sufrido violencia en ese año.
Un 10% de ellas dijo que la misma provino de la pareja.

Fuente: Informe Regional de Desarrollo Humano. Seguridad Ciudadana con Rostro Humano 2013/14 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

10 de noviembre de 2013

Paraguay sin barreras para el capital privado


Foto
Unas cinco mil personas se manifestaron en la plaza Independencia frente al Congreso Nacional, en repudio a la aprobación de la Ley de Alianza Público-Pivada. Fotos: Cigarrapy 
Ilimitado: la promulgación de la llamada Ley de Alianza Público-Privada (APP), aprobada definitivamente por el Congreso el 28 de octubre, permite al Poder Ejecutivo autorizar inversiones sin la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas ni la intervención del Poder Legislativo. El artículo 52 abre las puertas al capital privado en proyectos de infraestructura pública; concesión de servicios de las áreas de salud, educación; y generación, distribución y transmisión de energía eléctrica y otros recursos naturales. La policía reprimió una protesta de unas cinco mil personas en Asunción durante una jornada en la que se movilizaron en forma pacífica alrededor de 50 mil manifestantes en todo el país, incluyendo cortes de puentes y rutas.

El gobierno paraguayo ya cuenta con la llamada Ley de Alianza Público-Privada (APP) aprobada definitivamente por el Congreso el 28 de octubre. Este instrumento permitirá al presidente Horacio Cartes abrir al capital privado nacional y extranjero las empresas en manos del Estado. Se trata de un eufemismo que da al Ejecutivo la posibilidad de privatizar los bienes del Estado, recursos naturales y servicios públicos.
La iniciativa forma parte de una serie de normas y resoluciones del plan económico neoliberal instrumentado por el flamante Gobierno (asumió en agosto pasado) acompañado por ministros de perfil técnico apoyados por intereses económicos del país y del exterior. En este paquete se incluyen la modificación de la Ley de Defensa Nacional, aprobada apenas asumió Cartes, que le confiere al presidente la exclusividad de utilizar las Fuerzas Armadas en conflictos de orden interno sin necesidad de pedir autorización al Congreso. Otra norma que va en el mismo sentido es la Ley de Responsabilidad Fiscal, que faculta al Ejecutivo para reestructurar y modificar el presupuesto nacional sin necesidad de contar con la aprobación legislativa. Por último, Cartes adelantó que en los próximos días presentará al Congreso un proyecto de ley para “garantizar” la llegada de inversiones extranjeras en el país.

Amplitud
La legislación otorga al Ejecutivo la potestad de autorizar inversiones sin la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas ni la intervención del Poder Legislativo. El artículo 52 de la APP especifica detalladamente las áreas de infraestructura y servicios que se abren a los inversores privados provenientes de cualquier lugar del mundo: aeropuertos, autopistas, ferrocarriles, acueductos y oleoductos, edificios penitenciarios, hospitales, escuelas, cemento y caminos del área metropolitana de Asunción.
La ley incluye también a las multinacionales que estén interesadas en la producción y comercialización de hidrocarburos y productos derivados, al igual que las distintas etapas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica; telecomunicaciones; agua potable; saneamiento urbano; puentes nacionales e internacionales; y dragado y mantenimiento de ríos.
Durante la sesión en el Congreso se escucharon discursos justificatorios de la necesidad de contar con la nueva ley pero sin mayores argumentos. Las bancadas del Partido Colorado y aliados del Partido Liberal y otras pequeñas fuerzas de derecha sumaron 60 votos para dar curso a la normativa. Vano fue el intento del diputado Ramón Duarte (Frente Guasu) de plantear que la cuestión se resuelva en un plebiscito donde lógicamente el Gobierno perdería. Las encuestas que encargó el propio Poder Ejecutivo señalaban que sólo un 33% de los encuestados aprobaba la sanción de la ley.

En la calle
En la semana previa a la aprobación parlamentaria, Cartes negó que su gobierno piense en vender bienes del Estado. “Ofrezco mi cabeza en la plaza pública si se llega a vender un ladrillo del Estado”. El proyecto luego transformado en ley se denominó “De promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”.
Cartes acusó a quienes critican la norma: “no entienden lo beneficioso que es para todos los paraguayos la alianza público-privada; la mayor generadora de empleos es el sector privado (…) no quieren que el progreso llegue a Paraguay”. Estas declaraciones del mandatario fueron hechas durante el anuncio de que el Estado recuperaría el control de Aceros de Paraguay (Acepar), una empresa concesionada al grupo argentino Taselli que no cumplió con sus compromisos de inversión y violó sistemáticamente normas laborales y ambientales durante su gestión.
Pese a las aclaraciones del Presidente, la aprobación por parte del Legislativo causó indignación en las fuerzas populares. Al conocerse la votación, unas cinco mil personas que manifestaban en la Plaza Independencia, frente al Congreso Nacional, estallaron en repudio y fueron reprimidos por la desproporcionada fuerza policial que se desplegó en la zona. La policía disparó balas de goma y gases lacrimógenos y persiguió por las calles del centro histórico de Asunción a los manifestantes, en su mayoría trabajadores agremiados de las empresas estatales, sindicatos fraternos y militantes de partidos de izquierda.
Esa marcha de protesta fue una de las tantas de ese día, con reclamos que se sintieron en las calles de todos los departamentos paraguayos. En total, una multitud de alrededor de 50 mil personas se movilizó de forma pacífica en todo el país, incluyendo el corte del Puente de la Amistad que une Ciudad del Este con la brasileña Foz de Iguazú, una de las principales vías de comunicación del país. También se realizaron cortes intermitentes en rutas de todo el país.

Punto de partida
Las movilizaciones convocadas por la Coordinadora Democrática, integrada por sindicatos de trabajadores de instituciones del Estado, partidos y movimientos políticos progresistas y de izquierda, federaciones de campesinos, indígenas y estudiantes de todo el país continuarán con “más fuerza” dijo Luis Aguayo de la Mesa Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc) que consideró a la protesta del 28 como un “punto de partida”.
Aguayo alertó que una vez que el Parlamento delegue un poder absoluto en el presidente Horacio Cartes “él hará a su gusto los negocios con los empresarios, él va a vender y liquidar nuestras riquezas y en caso que haya controversia tendremos que litigar frente a tribunales internacionales, especialmente en Estados Unidos”.
Antes de que los legisladores aprobaran la normativa, el dirigente Juan Torales, de la Central Nacional de Trabajadores, hizo un llamado a los diputados y les advirtió que el pueblo les demandará estas decisiones. “Esta gente está clamando que se les escuche, que se dé lugar a las 70 mil firmas que hemos presentado como iniciativa popular”, dijo en referencia a las movilizaciones sociales que siguieron al debate en las calles.
El representante de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), Federico Enciso, afirmó: “los 40 mil estudiantes organizados de la educación media decimos un no rotundo al proyecto de ley porque es la puerta de un gobierno de dictadura stronissta. No lo vamos a permitir. Así como las organizaciones sindicales se van a declarar en huelga general, los 200 mil estudiantes secundarios vamos a salir a las calles a manifestarnos en contra de este atropello a la ciudadanía”
Mercedes Canese, dirigente del Frente Guasu, señaló que la ley viola el principio del equilibrio y control recíproco de los poderes del Estado, establecido en la Constitución nacional, que además señala que este tipo de emprendimientos sólo puede realizarse con el acuerdo del Congreso en cada caso particular.
Canese recordó que con la APP, las concesiones que otorgue el Estado al sector privado tendrán un plazo de 30 años, que pueden extenderse a 40 si la empresa alega que aún no tuvo la tasa de retorno suficiente o exige reparaciones por supuestos perjuicios o hechos fortuitos. Agregó que la propuesta no determina explícitamente qué organismo estará a cargo del arbitraje en caso de diferendos, hecho que abre el camino a una potencial pérdida de soberanía jurídica para el país.
Como parte de sus acciones para “atraer” inversores privados, el Estado paraguayo se compromete a brindar compensaciones en el caso de que las empresas privadas sufran pérdidas o se presenten controversias judiciales, para lo cual se prevé crear un fondo de garantía cuyo principal aportante será el Estado.
La APP seguramente será denunciada por inconstitucional por los sectores políticos y sociales que la rechazan. Sin embargo las dudas del éxito de este cuestionamiento jurídico se apoyan en una Corte Suprema de Justicia (CSJ) que es considerada venal por la mayoría del país y en el respaldo que la ley obtuvo de la mayoría de los gremios empresariales y del establishment paraguayo.

Desde Asunción, Jorge Zárate