El
fiscal del ambiente, Andrés Arriola, constató en terreno una
reciente deforestación de alrededor de mil hectáreas en las tierras
de la comunidad ayoreo Cuyabia donde no se pueden realizar
actividades hasta tanto se las delimite definitivamente ya que allí
rige una orden de no innovar.
Esta
área de 25 mil hectáreas, ubicada a unos 160 kilómetros al noreste
de Mariscal Estigarribia, saltó a los titulares tras la venta que
hiciera de ellas el ex presidente del Instituto del Indígena (Indi),
Rubén Quesnel, al que los abogados de los ayoreo buscarán condenar
por lesión de confianza apenas el Poder Judicial de trámite a un
caso que se demora inexplicablemente.
“Hay
cuestiones que tenemos que verificar porque aquí hay muchas
superposiciones de títulos, el Chaco es como un hotel de 3 pisos,
pero efectivamente aquí hay una deforestación”, apuntó Arriola
para señalar que “requeriremos todos los documentos que sean
necesarios a los propietarios de los terrenos linderos e
investigaremos a fondo esta denuncia”. Los responsables de la tala
serían los propietarios de la Estancia El Molino, colindante con las
tierras indígenas.
Así
lo admitieron los encargados del sitio que recibieron a la comitiva
fiscal y permitieron que se pudiera hacer la verificación en los
sitios señalados por los denunciantes en un mapa satelital.
El
fiscal que no pudo acceder hasta la comunidad Cuyabia misma por lo
malo de los caminos, anegados tras las copiosas lluvias e
intransitables en partes a causa del barro, prometió volver en una
semana para constatar la otra parte de la denuncia: Que hay topadoras
trabajando actualmente en dichas tierras.
Así
lo señaló el líder ayoreo Unine Cotamorajnai, que pidió una
urgente intervención de los poderes públicos señalando que “caso
contrario tendremos que tomar nosotros mismos medidas para defender
nuestro territorio”. Estas deforestaciones serían causadas por
brasileños, propietarios de terrenos vecinos a la reserva forestal
de los indígenas.
Integraron
la comitiva además de la unidad de la Fiscalía Ambiental para Alto
Paraguay y Boquerón, la unidad de Derechos Etnicos, la Gobernación
de Boquerón, el Instituto del Indígena, asesores jurídicos y
activistas de Ongs que trabajan con pueblos indígenas, miembros de
la prensa y la policía.
Jorge Zárate
Ultimos silvícolas
Cuyabia
es habitada desde el 2010 por 19 familias de Ayoreo Atetadiegosode
que pasaron de esta manera a recuperar un territorio ancestral en el
que también habitan los últimos silvícolas de su etnia. “Cuyabia
era una niña que al quedar huérfana fue enterrada en este sitio,
porque así estilaba la cultura de los ayoreo, pero siempre quedó en
la memoria de la gente, que fue pasándolo de generación en
generación este lugar como un punto de referencia”, comentó
Miguel Angel Alarcón, trabajador social y especialista en
georeferencias que acompañaba la comitiva. “Este es un pueblo que
llegaba a caminar espacios de 350 kilómetros por temporada. Imaginen
hoy lo que es para ellos moverse sólo en 25 mil hectáreas que es un
poco lo que sucede aquí. La tala de árboles tiene grave impacto en
la gente, en los animales, en el agua, en la vida misma. Es una
verdad ocultada que la desertificación está avanzando en esta zona
del Chaco”, apuntó.
Estado Ausente
Acercarse
al puesto militar de Teniente Pico, en el departamento de Boquerón,
es tener la imagen concreta de la ausencia de Estado en la zona. Unos
pocos jóvenes custodian sin radio y en precarias condiciones un paso
que se vuelve cada vez más importante en la región.
Con
solo colocar Teniente Pico en un buscador de Internet, el lector
podrá darse con una serie de ofertas de tierras en la zona que van
desde 5 a 20 mil hectáreas. Todas en terrenos en los que en teoría
deberían aprobarse previamente los planes para la deforestación.
“Esto
no ocurre así porque nadie le presta atención, los informes reales
no se hacen”, dice Maximiliano Mendieta, abogado de la comunidad
ayoreo Cuyabia. Coincide con su apreciación el fiscal ambiental
Andrés Arriola: “Aquí hay mucha gente que se larga a deforestar
con la licencia ambiental de la Secretaría del Ambiente (Seam) que
es en realidad un primer paso. Después debería conseguir el permiso
del Instituto Forestal (Infona) para poder hacer un desmonte”,
señaló recordando el procedimiento.
Lo
cierto es que ninguna autoridad local, departamental o nacional puede
verificar o hacer un trabajo preventivo contra el desmonte
impresionante que se vive en los departamentos de Alto Paraguay y
Boquerón.
Las
topadoras transitan montadas en camiones de transporte por los
caminos de tierra con poco o casi ningún mantenimiento e inclusive
quedan atrapadas cuando ocurren las lluvias. Las huellas de las
orugas son omnipresentes en los montes.
Otro
peligro que denuncian los lugareños es la creciente presencia de
operadores de “Narcoganaderos” que comienzan a incidir en la zona
con amenazas, con violencia, en un avance que debería preocupar a
alguien en Asunción.
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