9 de noviembre de 2014

Paraguay: Asoma la mano sangrienta de la narcopolítica


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Terror: el alcalde Nelson Acosta, del partido de Gobierno, imputado por narcotráfico, está acusado de participar en el asesinato de un periodista del diario ABC Color y de una joven que viajaba con él en el momento del homicidio. Pablo Medina y Antonia Almada fueron asesinados el 16 de octubre en una carretera del departamento de Canindeyú, en la frontera con Brasil. El trabajador asesinado investigó el tráfico de marihuana en la zona y sus supuestos vínculos con políticos locales. Había recibió amenazas de Acosta y otros dirigentes del Partido Colorado. La zona donde es alcalde Acosta es controlada por los narcos, en la frontera con Brasil. 

Los asesinatos del periodista del diario ABC Color Pablo Medina y de su asistente Antonia Almada evidenciaron como nunca antes los nexos entre el poder político y el narcotráfico en Paraguay. El alcalde de la localidad de Ypejhu, Nelson “Neneco” Acosta, del gobernante Partido Colorado, es buscado por ese homicidio y fue imputado por narcotráfico una semana después del crimen. Medina había recibido varias amenazas tras sus artículos sobre tráfico de marihuana y supuestas implicaciones con políticos locales. Varias de esas amenazas fueron realizadas por el propio Acosta.
Medina, de 53 años, y Almada, de 19, fueron asesinados el 16 de octubre cuando viajaban en automóvil en un camino vecinal del departamento de Canindeyú. Dos hombres vestidos de militares interceptaron el vehículo de Medina y cuando el periodista se detuvo recibió una descarga de balazos que le provocó la muerte en el acto. Su asistente, Antonia, fue también víctima de la balacera y murió camino al hospital. En la camioneta Mitsubishi que manejaba el periodista, corresponsal del diario ABC Color, había una tercera tripulante que milagrosamente salvo su vida. El hecho ocurrió a unos 45 kilómetros de Curuguaty, unos 300 kilómetros al noreste de Asunción.
Una semana después del homicidio la Fiscalía acusó a Acosta de narcotráfico después de que se encontraran tres toneladas de marihuana en proceso de elaboración y casi 150 kilogramos distribuidos en panes en una estancia propiedad de la familia. Según los cargos, en ese lugar también se encontraron elementos para preparar los paquetes como prensas, gatos hidráulicos, fumigadoras, garrafas y zarandas. También fueron imputados dos hermanos del alcalde, Wilson Acosta y Vidal Yuner Acosta. Los tres estaban con paradero desconocido al cierre de esta edición.

Reacciones
El homicidio conmocionó a la población que, gracias a la movilización inmediata de periodistas y trabajadores de prensa, acompañados por la difusión omnipresente de los medios de comunicación, se mostró horrorizada por tener tan cerca un fenómeno que en general se oculta en el país: la narcopolítica.
Nelson Acosta es el principal sospechoso de ser el autor moral del hecho y todo indica que fue protegido en su huida por la ex gobernadora del departamento Canindeyú y actual diputada nacional Cristina Villalba, también del Partido Colorado.
La población de Ypejhu tiene ocho mil habitantes que viven en el terror. Es una localidad que tiene frontera seca con Paranhos, Estado de Paraná, Brasil. Ambas poblaciones conforman una sola unidad urbana por la que se pasean los capos del narcotráfico. Del patio de la casa del padre de “Neneco”, el también ex intendente Vidal Acosta, se retiraron huesos y cabellos humanos de una fosa común. Sus hermanos fueron víctimas de asesinatos dignos de una película de mafiosos de Hollywood.
Este reinado de las mafias es denunciando de manera sistemática por las organizaciones sociales del país, pero nunca como antes llegó a estar como ahora, tema principal de agenda. Los grandes medios patronales revisaron entonces la presencia en el Congreso de legisladores con vínculos o sospechas de tenerlos con el narcotráfico, desatando una campaña que ilumina sobre los tentáculos del narcotráfico no sólo en el legislativo, sino también en el ejecutivo, el judicial y el ministerio público.

Cómplices
El presidente Horacio Cartes negó que su partido vaya a ocultar a los sospechosos del crimen: “El Gobierno está para hacer todo lo que se tenga que hacer, a pesar de los que dicen que hay un partido que esconde a esta gente”, dijo. “El pulso no nos va temblar en un homicidio que nos tocó a todos”, señaló. “El Gobierno tiene toda la energía para vivir en paz...Paraguay es un país pacífico”, agregó.
El propio jefe de Estado fue sospechado de tener vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero antes de llegar a la primera magistratura del país. Al menos tres cables diplomáticos de los Estados Unidos, filtrados por WikiLeaks, nombraron a Cartes: uno, del 5 de enero de 2010, informó que la Administración sobre las Drogas (DEA) se infiltró en presuntas redes de lavado de dinero provenientes del narcotráfico que habrían sido manejadas por Cartes. Otro, del 27 de agosto de 2007, menciona que el ex director de la Secretaría Nacional Antidroga (Senad) Hugo Ibarra, había acusado a Gabriel González, ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), de lavar dinero para el banco Amambay, en nombre del hoy presidente. El tercero de ellos dice que uno de los supuestos hombres fuertes del cártel de Sinaloa detenido en Paraguay tenía la intención de invertir en el país en cooperación con un empresario de apellido Cartes.
La sociedad paraguaya atribuye el asesinato de un periodista del diario más influyente del país a la impunidad con que el narcotráfico se fue expandiendo en Paraguay con la complicidad del Partido Colorado. El tirano Alfredo Stroessner en principio y luego Andrés Rodríguez; y el tándem Juan Carlos Wasmosy/Lino Oviedo, fueron los controladores de un sistema que permaneció lo suficientemente oculto hasta llegar, en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, a consolidarse como un movimiento donde pequeños jefes políticos locales comenzaron a hacerse cargo de sus zonas con dinero del narcotráfico.
Esta realidad parece explotar hoy con Cartes a la cabeza del Ejecutivo. Será muy difícil que, más allá de las persecuciones fiscales y policiales que el Gobierno realizará contra los culpables del asesinato de Medina, pueda establecerse una política concreta de intervención del Estado en los departamentos productores de droga. El tema ni siquiera aparece en agenda, pese a que los asesinados por el narcotráfico, sólo en Canindeyú, durante los últimos cinco años superan las 35 personas, según organizaciones departamentales.

Desde Asunción, Jorge Zárate


En dos décadas fueron asesinados 16 periodistas

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) se mostró “convencido” de que “el asesinato del compañero Pablo Medina es acción directa de traficantes de drogas y rollos, entre otras ‘mercaderías’”, pues ya había recibido algunas amenazas de muerte, motivo por el cual, solía contar con custodia policial. La entidad gremial cargó también contra las patronales que no se hacen responsables de la situación de inseguridad en que trabajan los periodistas en el interior del país. Santiago Ortíz, secretario general del gremio, recordó que “el SPP reclama desde hace tiempo la necesidad del seguro de vida para las y los colegas que desarrollan sus tareas en zonas riesgosas para su integridad física pero que los empresarios minimizan y hasta se burlan de tal necesidad”, recordó.
Pablo Medina engrosa la terrible nómina de periodistas acallados por los asesinos: Santiago Leguizamón (1991), Calixto Mendoza (1997), Benito Román Jara (2000), Salvador Medina (2001), Yamila Cantero (2002), Samuel Román (2004), Ángela Acosta (2006), Alberto Tito Palma (2007), Martín Ocampos (2009), Merardo Romero (2011), Carlos Manuel Artaza (2013) y Fausto Gabriel Alcaraz (2014). También Marcelino Vázquez, dueño de la radio “Sin Fronteras” de Pedro Juan Caballero, fue asesinado el año pasado.
“Lamentablemente estos ataques y amedrentamientos se producen también en otras regiones del país, con similar trasfondo: el intento de acallar a las y los trabajadores de prensa que denuncian todo tipo de negocios ilegales, negocios que, en la mayoría de las ocasiones, tienen respaldo de los operadores políticos y autoridades públicas”, señaló el SPP.


La extrema derecha en las calles

En un hecho de extrema gravedad que alcanzó repercusión internacional, el fiscal Cristian Bernal imputó al dirigente estudiantil chileno Patricio Flores por “perturbación a la paz pública”, pidió su prisión preventiva e inclusive su expulsión del país por haber filmado la toma simbólica que hicieran jóvenes de la Federación de Estudiantes Secundarios (Fenaes) en el Ministerio de Educación (MEC) en los primeros días de octubre pasado.
Según relató Flores, al detenerlo lo trataron de “chavista de mierda” y le dijeron: “tenés suerte de que no estamos en dictadura”. Después le inquirieron si lo “financiaba” Venezuela y hasta llegaron a preguntarle si él no era “el que colocaba bombas” en su país.
Según la policía el muchacho fue detenido por que no portaba documentación en el momento del arresto.

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