Provoca turbulencias la enmienda constitucional

La discusión por la enmienda trasciende al Ejecutivo y al Congreso y gana las calles con marchas a favor y en contra. Cada postulante tiene propios intereses en la reforma. Los tiempos se acortan.
El presidente Horacio Cartes y los ex presidentes Fernando Lugo y Nicanor Duarte Frutos motorizan la posibilidad de una enmienda constitucional que los habilite a competir por el ejecutivo a partir del 2018. Por el contrario, los principales rechazos nacen de aquellos dirigentes políticos que compiten en las internas con el actual mandatario o con sus antecesores. La instalación de este tema en el escenario político generó un clima enrarecido ante las diversas opiniones que inclusive llegaron a manifestaciones callejeras.
El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (Plra), Efraín Alegre; el principal opositor de Cartes en la interna del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez (hijo) y las huestes del intendente de Asunción, Mario Ferreiro (Avanza País), acusan a sus rivales de intentar “violar la Constitución” en una escalada de intervenciones.
Este grupo de opositores a la reforma tiene el respaldo de buena parte de la prensa patronal. Los grupos de Aldo Zucolillo (ABC Color, Radio Cardinal) y de Antonio J. Vierci (diario Última Hora, Canal 4 Telefuturo, Radio Monumental, entre otros) sostienen la idea de que no se puede reformar la cuestión electoral por enmienda constitucional. Se amparan en el artículo 290 que en su parte final dice: “… No se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado…”.
A pesar de ello importantes constitucionalistas locales e internacionales se manifestaron a favor de la posibilidad de cambiar el artículo en una interpretación amplia en la que se asegura que dicha redacción no impide la enmienda. También sostienen que como reaseguro está el mecanismo del referendo vinculante que debe darse dentro de los 180 días posteriores para conocer la voz del pueblo. Esta segunda postura es ampliamente difundida por los medios del Grupo Nación que responde a la familia del presidente (diarios La Nación, Crónica y Popular, Radio 970 AM, entre otros).

Marchas y contramarchas
El Frente Guasu (FG), la fuerza política que conduce Fernando Lugo, suspendió una marcha que tenía prevista para el 21 de febrero argumentando problemas de organización. En realidad, la posibilidad de una contramarcha alentada por los opositores a la enmienda y el cruce violento en algún lugar del centro de Asunción, provocaron preocupación en todas las carpas.
La posibilidad de suspender la convocatoria creció cuando el ministro de Defensa, Diógenes Martínez, dijo públicamente que si la policía se veía sobrepasada por una movilización convocaría a las fuerzas militares.
El FG expresó su rechazo a “cualquier intento de atemorizar a la ciudadanía a fin de evitar que esta ejerza su derecho a expresarse” Recordó que “es responsabilidad de todos los sectores políticos asegurar que el debate se dé en un ambiente de no violencia y respeto absoluto a los derechos ciudadanos”.
En un comunicado, agregó que “en el marco de esta disputa política, la movilización pacífica de manera unitaria y coordinada resulta estratégica”. Por tal motivo instó “a los compañeros y compañeras a que prosigan con los trabajos de organización y discusión en todos los rincones del país, a fin de dar un mayor tiempo de organización a aquellos distritos y departamentos que aún se encuentran generando los recursos y coordinando puntos de movilización para acompañar el momento del debate de la enmienda a nivel institucional”. De los tres presidentes o ex presidentes mencionados, Lugo es quien lidera todas las encuestas para una eventual candidatura en 2018.
Los seguidores de Cartes aseguraron a la prensa que quieren finiquitar el plan por la reelección para evitar alargar la discusión “por los plazos electorales y el clima político que se vive”.
Aristas
La discusión alcanzó carriles impensados cuando abogados del Partido Colorado presentaron ante la Fiscalía una serie de diálogos en un grupo de Whatsapp entre quienes están en contra de la enmienda. Pretendían probar que se intentaría un “magnicidio” contra el presidente Cartes.
La principal acusada es la senadora Desirée Masi (Partido Democrático Progresista, PDP), quien ridiculizó la denuncia y acusó a José Ortiz, gerente de Tabacalera del Este, empresa emblema del Grupo Cartes, de pensar “macabramente” y dar órdenes a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.
Por su parte el senador Miguel López Perito (Avanza País, contrario a la enmienda) que fuera jefe de abinete de Lugo, escribió una carta abierta al expresidente: “¿No te parece, Fernando, que tu figura convocante podría sumarse a las voces que demandan más cordura, entendimiento y compromiso de voluntades para reencauzar el azaroso camino de nuestra Patria? Hacer lo contrario sería faltar a tu propia naturaleza y, en un giro extraordinario y muy doloroso, serías responsable de aquello que tanto has aborrecido”.
Otro ex presidente favorable a la reelección, Nicanor Duarte Frutos, alertó que “el dinero y el aparato volverán a perder”, en referencia a que Cartes pueda utilizar su poder económico para torcer el resultado de la próxima elección presidencial si es que se le abre la puerta para ser candidato. Ese es el principal argumento que esgrimen quienes se oponen a la enmienda.
Otros alientan que sin Cartes, Lugo y Duarte Frutos, el panorama se mostrará favorable a nuevas candidaturas como las de los mencionados Alegre, Abdo Benítez y Ferreiro. Así lo expresó Abdo: “No se dan cuenta el juego que están jugando. Acá nosotros podemos permitir 15 años de cartismo. No va a ser fácil ganarle a una persona con tanto poder económico y que pueda usar el cargo de la presidencia y toda la estructura para su campaña electoral… ningún presidente en la región que consiguió (reformas para) su reelección perdió esa reelección”.
Lejos del debate, Paraguay no alcanza a salir de la recesión económica que afecta el día a día de la gente que ve perder el poder adquisitivo de sus salarios y enfrenta las indolentes políticas de Horacio Cartes, el presidente que al asumir había prometido terminar con la pobreza y que ahora pretende la reelección.
La temática de la enmienda aparece divorciada de la opinión pública, más preocupada por el estado de los edificios escolares, la falta de insumos en los hospitales y una secuencia de problemas de los que la clase política parece haberse olvidado en esta disputa de no acabar.

Desde Asunción, Jorge Zárate

Un video oportuno para explicar la ruta de los bolívares

Según la Justicia paraguaya, las 30 toneladas de billetes venezolanos incautados a mediados de febrero en una vivienda de la ciudad de Salto del Guairá, cercana a la frontera con Brasil, fueron introducidos al mercado negro a cambio de un millón de dólares. Tras las primeras investigaciones judiciales fueron imputados tres paraguayos y un brasileño, según explicó el fiscal del caso, Julio César Yegros, en base a las imágenes.
“Existe una filmación en la que estaban ofreciendo la mercancía”, señaló Yegros. Las tres personas que fueron identificadas en la grabación están acusadas de lavado de dinero y asociación criminal mientras que también fue imputado y procesado el dueño de la vivienda donde se halló el cargamento de bolívares.
El detenido por ceder su vivienda es Bruno José Da Costa, paraguayo. Según la prensa paraguaya la familia Da Costa Amaral es conocida en la localidad por su cercanía con políticos influyentes. “Son amigos del poder”, señalan las fuentes consultadas por los medios de comunicación. Mirian Amaral, una de las cabezas de la familia, es concejal municipal del Partido Colorado mientras que Leandro Da Costa, padre del detenido, atiende negocios familiares.
Antes de ser concejal Amaral fue funcionaria de la Dirección Nacional de Aduanas hasta diciembre de 2015. El negocio familiar es la importación y venta de armas. El comercio de Salto del Guairá se llama Casa Rossi, dedicado a la venta de armas. La firma quedó en manos de los tres hijos de Leandro: Andrés, Erilo y el detenido Bruno.
El fiscal informó que la investigación ahora trata de determinar de dónde y de qué manera llegó el dinero venezolano a Paraguay. Se trata de billetes de 100 y 50 bolívares guardados en 530 sacos. Yegros confirmó que las autoridades paraguayas trabajan de forma conjunta con las venezolanas y con la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Una de las hipótesis que se manejaron es la posible utilización del papel de los billetes (de buena calidad) para la falsificación de otras monedas.
A fines de 2016 el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el retiro de todos los billetes de 100 y denunció que estos estaban siendo extraídos del país por grupos criminales con fines diversos.