Intrigas: Horacio Cartes asume la presidencia de uno de los países más pobres de América Latina. El regreso al poder del Partido Colorado implica nuevos y viejos desafíos para las corporaciones del agronegocio, los dirigentes que responden a Washington y los sectores populares. Tierra, pobreza, justicia, educación, salud y reforma impositiva dominan las prioridades. La derecha también presiona para que el nuevo régimen abandone definitivamente el Mercosur a favor de la Alianza del Pacífico. La agenda con la que debuta el nuevo gobierno consolida las sospechas sobre las verdaderas razones del golpe parlamentario de junio de 2012 contra el presidente Fernando Lugo.
El problema de la tierra es el primero de una agenda difícil que deberá enfrentar Horacio Cartes desde el momento en que asuma la presidencia del país, el 15 de agosto. Paraguay ostenta la más injusta distribución de parcelas del mundo. El 3% de la población posee el 88% de las tierras del país, una desigualdad histórica que el poder oligárquico no estuvo ni está dispuesto a discutir. Lo demuestran las declaraciones públicas, las acciones oscuras y el juicio contra una docena de campesinos acusados para desviar el montaje de la masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012, donde murieron 11 campesinos y seis policías, hecho que una semana más tarde desencadenó el golpe de Estado parlamentario contra Fernando Lugo.
La elección de Cartes el 21 de abril pasado legitimó una acción que, un año y un mes después, se consagra con su asunción. El nuevo presidente carece de alguna propuesta parecida a la necesaria Reforma Agraria que reclama insistentemente el campesinado. Por el contrario, a partir de su consagración como futuro mandatario se sucedieron al menos cinco asesinatos de dirigentes campesinos entre los que destaca el de Benjamín Lezcano.
A esta cuestión se suma la necesidad de una resolución en justicia del caso que al cierre de esta edición se estaba juzgando (la masacre de Curuguaty) en la que están imputados más de 50 campesinos en una acusación a todas luces inconsistente del fiscal Jalil Rachid, que debería concluir en la nulidad del juicio. En todos estos meses Cartes no dijo nada consistente sobre la masacre y tampoco sobre el tema tierras. Él mismo es un terrateniente importante.
Los técnicos del equipo de transición de Cartes expusieron ante empresarios un plan en el que se fijaron una meta de inversión de 31.843 millones de dólares en diferentes sectores, con énfasis en el social. La idea que muestran es poder reducir la pobreza rural del 44,8% al 7% en cinco años y alcanzar en 2018 un crecimiento económico del 9,9%. Se estima que las inversiones provendrían de créditos externos dentro de un esquema que se sigue basando en el agronegocio, principalmente en la exportación de soya y carne.
Impuestos
En las semanas previas a la asunción del nuevo presidente, se profundizó el debate sobre el aumento de impuestos de hasta un 10% a la exportación de soya en bruto. “No juguemos a las escondidas y paguemos”, reclamó Cartes a los líderes del agronegocio tras la aprobación por parte de los senadores de un proyecto en ese sentido motorizado por los legisladores del Partido Colorado.
Los productores de soya le pidieron una reunión al entonces presidente electo y consiguieron que exponga una posición más favorable a otro proyecto que se trata en Diputados que sólo grava las ganancias de los exportadores, una diferencia sustancial. “Sigo creyendo no tener que gravar la exportación (de granos). Vamos a tener dos proyectos y si el de Diputados no vuelve a ser modificado, será uno de los primeros decretos que va a firmar el presidente entrante. Es aquello que se conversó y se pactó, que no sea cercenado”, explicó Cartes. También propone la generalización del Impuesto al valor Agregado (IVA) “para la formalidad de nuestra economía, de manera que haya IVA contra IVA como todas las empresas”.
“Puedo asegurar que tenemos todas las herramientas para tener un país mejor y vamos a tener la herramienta genuina producida en Paraguay para que lleguen (los recursos) y podamos combatir flagelos que todos queremos solucionar, llámese pobreza, que es nuestra gran bandera”, añadió.
Pero una de las grandes banderas de la nueva administración son las privatizaciones, una amenaza que comenzó con la idea de enajenar la Administración de Electricidad (Ande), la principal empresa pública del país. La participación privada en Ande fue detenida por una importante movilización de un frente de trabajadores liderados por el sindicato de la estatal Sitrande.
El nuevo Ejecutivo también analiza la posibilidad de concesionar los aeropuertos. El nuevo ministro de Hacienda, Germán Rojas, aclaró que esta concesión se haría “dentro de una ley de alianza público-privada”. El funcionario detalló que el aeropuerto de Asunción, Silvio Petirossi, ubicado en la ciudad de Luque, “no es la mejor carta de presentación del país que tenemos”. Anticipó a su vez que se prevé la construcción de un aeropuerto en la zona de Chaco’i, ciudad ubicada frente a Asunción, del otro lado del río Paraguay.
Realidad
Los números de la economía social de Paraguay lo ubican entre los sitios más pobres del planeta. En 2011 el país registró un 49% de la población en situación de pobreza de acuerdo al informe Panorama Social de América Latina 2012 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Los últimos datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo (Dgeec) hablan de un 32% de población pobre y 18% bajo la línea de pobreza extrema. El desempleo abierto en la Gran Asunción es de 8,3%.
El 17,1% de la población económicamente activa que se encuentra con problemas de subempleo equivale a unas 221 mil personas que dedican a sus actividades económicas un número menor de 30 horas a la semana, desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo.
El nuevo gobierno insiste en que el único objetivo es torcer esta realidad social. Con Cartes asumen las mismas estructuras partidarias que durante más de 60 años controlaron el verdadero poder en el país. En el medio, entre el último gobierno colorado y el actual apenas pasaron cinco años, un intento frustrado de experiencia popular y un golpe parlamentario. Las necesidades sociales son las mismas y las recetas son las mismas.
Desde Asunción, Jorge Zárate
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