A la tragedia le siguió la injusticia

"No vamos a pagar", dijeron las víctimas. (Foto de Arcenio Acuña)

El incendio del supermercado Ycuá Bolaños, ocurrido el 1º de agosto de 2004, fue una de las más grandes tragedias mundiales de ese tipo. Allí murieron 327 personas, la mitad de ellas niños; y más de 500 resultaron heridas, incluyendo a 56 personas con quemaduras de tercer grado. Todavía hay siete desaparecidos, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Las víctimas quedaron atrapadas cuando el propietario del local, Juan Pío Paiva, ordenó cerrar las puertas con candado en el momento en que comenzó a desatarse el incendio, para evitar que la gente se llevara mercaderías sin pagar.

El caso tuvo un primer juicio vergonzoso que provocó la reacción popular. En el segundo juicio, Paiva fue condenado a 12 años de prisión y desde 2007 cumple la condena en su domicilio. Su hijo Daniel, que ordenó cerrar las puertas mientras huía, fue condenado a 10 años y también tiene prisión domiciliaria. Uno de los guardias que ejecutó la tarea está libre.

Indemnizaciones

 Hasta el momento, la justicia sólo falló en un caso de reparación civil. La mayoría de las víctimas perdieron sus causas judiciales por negligencias de los abogados y no recibirán indemnización alguna por los daños sufridos por responsabilidad de los Paiva y la sociedad anónima dueña del supermercado. Por otro lado, los pocos casos que avanzaron en la justicia –se estima que son entre 40 y 50– todavía están entre la primera y la segunda instancia.

 Sobre el por qué de esta injusticia, el médico Roberto Almiron Riveros, uno de los principales activistas de la Asociación de Víctimas, explicó: “Cientos de abogados se acercaron solidariamente a ayudar después de la tragedia, nos decían muy seguros que el juicio debería durar poco tiempo (por la cantidad de muertos y heridos), pero terminó durando casi cinco años por las cientos de chicanas de Luis Escobar Faella, Raúl Netto Villagra, y la decena de abogados defensores de Paiva, con la complicidad de una justicia corrupta que jamás intentó ponerle freno. Finalmente los abogados se ‘cansaron’ de ayudar a las víctimas que no tenían medios para optar por otros profesionales y las causas fueron abandonadas...”.

 Ante el nivel de impunidad garantizado por la justicia paraguaya, en abril de 2010 el Congreso aprobó una ley para que el Estado indemnizara a las víctimas por un total de 30 millones de dólares. La norma alcanzó a 460 personas y los montos establecidos se deben distribuir de la siguiente manera: los familiares de fallecidos tienen que cobrar 86 millones de guaraníes (21.500 dólares); los heridos graves una suma de 56 millones 800 mil guaraníes (14.200 dólares); y aquellos con heridas leves 28 millones 700 mil en moneda local (7.200 dólares).

Impunidad

 Por si fuera poco el grado de impunidad alcanzado por la familia Paiva, este año 48 familias que perdieron sus demandas indemnizatorias en el Juzgado Civil, por negligencias de sus abogados, recibieron inmediatamente después notificaciones de embargos preventivos de sus bienes para el pago de los honorarios de los abogados defensores del propio Juan Pío Paiva: Escobar Faella y Netto Villagra.

 El dueño del supermercado que ordenó cerrar las puertas durante el incendio no sólo no pagó ninguna indemnización a los familiares de las víctimas sino que ahora sus abogados reclaman parte de la indemnización estatal que les corresponde a los afectados.

 La Asociación de Familiares de Víctimas mantuvo una reu-nión con el pleno de la Corte Suprema de Justicia, que se comprometió a auditar los casos, perseguir cualquier posible responsabilidad de los abogados defensores de las víctimas y estudiar la posibilidad de que sean ellos los que afronten los pagos, si éstos correspondieran.

 Mientras, las víctimas buscan alternativas jurídicas para evitar el pago. La dirigente Carmen Rivarola reiteró: “No pagaremos a los asesinos de nuestros seres queridos. Una cosa es lo legal, pero otra, lo legítimo”, apuntó. A más de siete años del incendio en el supermercado Ycuá Bolaños, los familiares de las víctimas deben defenderse ahora de los responsables de la tragedia.