A principios de octubre el presidente Fernando Lugo estuvo al borde de la muerte a causa de una trombosis que lo obligó a ser trasladado de urgencia a Brasil. Pero se recuperó rápidamente, en una semana en que las especulaciones por el poder ensuciaron el ánimo de la población.
El principal responsable fue, como siempre, el vicepresidente Federico Franco, que una vez más no pudo ocultar su intención de ocupar la presidencia.
Entre el 2 y el 5 de octubre, mientras Lugo se restablecía en el hospital Sirio-Libanés de San Pablo, su entorno aseguró que había dado una orden verbal de urgencia para reemplazar cuatro cargos militares. Franco aprovechó esa situación para plantear que él, ante la ausencia del Presidente, era quien tenía que hacer esos cambios. Incluso hubo dos semanas de discusiones sobre este tema, que concluyeron con una sesión de la Cámara de Diputados en repudio a lo hecho por Lugo. En realidad, la sesión también sirvió para medir fuerzas en la pretensión persistente de llevar al mandatario a un juicio político.
El ministro de Defensa, Cecilio Pérez, admitió: “Fue una descortesía no haber informado al Vicepresidente”. Pero destacó que los nombramientos se hicieron “de acuerdo a los reglamentos militares”, conforme a la Ley 216. El ministro del Interior, Rafael Filizzola, vocero de la reunión de ministros, dijo que “convertir esto en una crisis política e institucional, en el Consejo de Ministros nos ha parecido exagerado y, sobre todo, injustificado”. A pesar del fogoneo de la prensa empresarial, que presentó el incidente como un elemento pasible de juicio político, el episodio no tuvo mayor relevancia.
Sin embargo, Lugo tiene el punto de equilibrio, mientras trata de cubrir las expectativas que generó su elección al frente del Ejecutivo.
Los próximos ataques vendrán después de las elecciones del 7 de noviembre, cuando los paraguayos hayan elegido a 230 nuevos intendentes y de alguna manera hayan plebiscitado la gestión del Presidente. Allí Lugo, que apostó fuerte a alianzas lideradas por el Partido Liberal (Plra), pretendía alzarse al menos con 100 intendencias.
Continuidad
“Volveremos a las ocupaciones después de las elecciones”, asegura un dirigente campesino que no quiere se lo identifique por temor a represalias. Es que la promesa del Presidente de impulsar una reforma agraria se va diluyendo en el tiempo y hasta el momento el Instituto de Tierras sólo pudo comprar pequeñas parcelas. El problema principal del país, los 300 mil campesinos sin tierra, no es parte de la agenda política permanente. Si bien hay culpa de una oposición abyecta, también el oficialismo demostró poca eficacia para articular medidas con la organización popular. De hecho, no pudo hasta el momento impulsar la realización del catastro de las tierras, un instrumento público de gran valor para diseñar políticas de gobierno, ya que cada ciudadano tiene el derecho de consultarlo libremente y saber quiénes son los propietarios de las tierras en el país. El catastro define correctamente los límites distritales y ayuda a la hora de calcular los impuestos inmobiliarios y el Impuesto a la Renta Agropecuaria (Imagro). Concluirlo puede costar entre 50 y 60 millones de dólares si se lo realiza con técnicos del Gobierno. Si se recurriera a los Bancos internacionales, otorgaría créditos que podrían elevar esos costos al menos al doble.
En junio del año 2000 se concluyó el censo de 30 distritos de Itapúa y once de Alto Paraná Sur. Estos son hasta el momento los únicos trabajos de este tipo que posee el Servicio Nacional de Catastro (SNC). Es información completamente digitalizada y abarca sólo el 15% del territorio nacional. Pequeño como es, el trabajo permitió determinar muchísimas irregularidades en las propiedades de Itapúa, la mayoría de ellas por superposición de títulos. De ese total de tierras mensuradas, un 20% son fiscales y los técnicos del Gobierno aseguran que es posible asentar al 50% de los campesinos sin tierra de Itapúa en esas parcelas.
Otra crítica importante que recibe el Gobierno desde las organizaciones populares tiene que ver con su política económica monetarista, que privilegia el pago de la deuda externa que insume unos 400 millones de dólares por año.
Privatizaciones
Causó preocupación también la presentación que hiciera el Gobierno al Congreso de un anteproyecto de ley para ceder en concesión al sector privado los aeropuertos Silvio Pettirossi –el principal del país ubicado en Luque, municipio de la Gran Asunción– y Guaraní de Ciudad del Este –ubicado en la frontera con Brasil. La propuesta fue entregada en persona por Lugo, que argumentó que el país necesita “ponerse a la altura de otros países de la región”. En el proyecto se prevé ceder también las operaciones de la base aérea militar de Mariscal Estigarribia, ubicada 540 kilómetros al norte de Asunción.
Los sindicatos estatales protestaron. Leonardo Beraud, secretario general del Seodinac (Aeropuertos), expuso: “Este proyecto le da los aeropuertos como atractivo para que el capital privado invierta en las rutas y en las vías fluviales, porque es allí donde van a ganar mucha plata”. Y agregó: “Consideramos que es descabellado sacrificar una empresa rentable, porque lo que se piensa es darle a las multinacionales los ingresos del Pettirossi y Guaraní a cambio de salvar la ineficiencia del Ministerio de Obras Públicas (Mopc)”. El dirigente recordó que la Dirección de Aeronáutica (Dinac), encargada de los aeropuertos, tiene 1.380 empleados que temen perder sus fuentes de trabajo y, según expuso, recauda por año 200 mil millones de guaraníes (40 mil millones de dólares). Cifra suficiente como para mantener los aeropuertos y reinvertir, algo que no puede hacer porque el ministerio de Hacienda bloquea el uso de ese dinero.
Beraud recordó “la triste experiencia de los compañeros de Líneas Aéreas Paraguayas (LAP) –privatizada en 1994– que hasta el día de hoy no cobran su indemnización” y anunció que los trabajadores volverán a la protesta.
Desde Asunción, Jorge Zárate.
