El tribunal de Saltos del Guairá suspendió hasta noviembre las audiencias por el polémico caso que investiga a 10 campesinos acusados de participar en la llamada Masacre de Curuguaty donde murieron 11 civiles y seis policías el 15 de junio de 2012. Las organizaciones sociales y políticas del Paraguay piden la nulidad del juicio que se centró en la muerte de los uniformados pero que en ningún momento investigó la muerte de los 11 trabajadores rurales que también cayeron en aquella jornada.
Vicente Morales, abogado de los campesinos informó que el juicio fue reprogramado para el 17 de noviembre. Explicó que “solicitamos la suspensión y el cambio de sede a Asunción. El Tribunal consultó al fiscal Jalil Rachid, quien se opuso a ambas cosas, pero nos concedió la suspensión porque no puede celebrarse sin que se resuelva primero la disputa entre el Estado y la empresa Campos Morombí por la titularidad del terreno donde se produjo la masacre.
Las tierras de Marina Kue (viejas tierras de la marina, en guaraní), tal como se conoce popularmente al campo de dos mil hectáreas ubicado en Curuguaty, son probadamente públicas. Así lo reafirmó en estos días el titular del Instituto de Tierras (Indert), Justo Cárdenas, para recordar la posesión por parte del Estado de aquella franja ubicada en el departamento de Canindeyú, a poco más de 320 kilómetros al sureste de la capital del país.
Basados en esa certeza, un grupo de campesinos había ingresado al terreno a principios de 2012 y montado un pequeño asentamiento reclamando que el mismo se destine a la reforma agraria y que luego se titule a nombre de los ocupantes.
Por venalidad, un juez de Curuguaty dio proceso a un pedido de usucapión de dichas tierras por parte de la empresa Campos Morombí, propiedad de la familia del fallecido Blas Riquelme, dirigente del Partido Colorado, cómplice del dictador Alfredo Stroessner y sospechado de ser propietario de miles de hectáreas de tierras mal habidas.
El juicio increíblemente llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya que debió haber sido rechazado in límine porque no cabe prescripción adquisitiva alguna, pues es de suyo que no hay posesión de buena fe sobre tierras públicas.
En base a este precario juicio, se había librado la orden de cateo, por la que 300 policías ingresaron al terreno a desalojar a una treintena de campesinos que sostenían el asentamiento en Marina Kue aquel 15 de junio de 2012.
Irregularidad procesal
Tras discusiones entre los policías que en realidad ejecutaron un desalojo al que no los autorizaba la orden judicial y los campesinos que pedían que se les exhibiera un título de propiedad para salir de las tierras, comenzó la trágica balacera.
Nunca se descartó que la cuestión pudo haber comenzado por disparos de francotiradores. A tal punto que el ex presidente de facto, Federico Franco, que asumió el poder tras el golpe a Lugo, dijo en una entrevista con la agencia de noticias española Efe que el hecho fue “fraguado” y “preparado”. Admisión tardía, puesto que Franco era el vicepresidente de Lugo y apoyó el juicio político para su destitución.
Actualmente están imputados 13 campesinos, 10 de ellos acusados de intento de homicidio de los policías. Todos enfrentan cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, mientras que no hay imputados por la muerte de los 11 labriegos. Como bien puede entenderse no hay ninguna invasión de inmueble ajeno porque las tierras son públicas.
Este hecho es el que la defensa pretende dilucidar como primer punto para atacar la parcial y arbitraria investigación del fiscal Jalil Rachid, hijo de Bader Rachid Lichi, dirigente colorado, amigo personal de Blas Riquelme que tiene por esta razón claras inhabilidades para llevar adelante esta tarea.
El abogado Morales expuso que el juicio “se basa en toda una serie de irregularidades procesales, entre ellas la ocultación de pruebas”, haciendo referencia a que se escondieron evidencias de que hubo ejecuciones sumarias de la mayoría de los 11 campesinos muertos. Con la suspensión, el juicio oral y público se dará en la ciudad de Salto del Guairá, también en Canindeyú, a unos 400 kilómetros de Asunción.
Dos años de terror
El fiscal Rachid sostiene un libreto poco creíble, pero que guarda relación con una necesidad de la oligarquía paraguaya: los campesinos prepararon una emboscada y los policías resistieron al ataque.
Durante estos dos últimos años arreciaron los desalojos basados en títulos precarios con el modelo de Curuguaty. Es un formato que se aplica a rajatabla para conseguir la expansión del modelo de agronegocios que tiene en el cultivo de soya su principal rubro.
Numerosos asentamientos campesinos y comunidades indígenas fueron arrasadas por topadoras; sus casitas y escuelas incendiadas, en actos de barbarie sin igual que pasan desapercibidos en la gran prensa patronal, aliada del modelo.
Desde junio de 2012, al menos 16 dirigentes campesinos fueron asesinados por sicarios en varios puntos del país en este marco de cosas. Las organizaciones campesinas y de derechos humanos denuncian que los asesinatos dejan en claro el afán del agronegocio de seguir utilizando las siete millones de hectáreas de tierras malhabidas, que deberían destinarse a la reforma agraria como base de su acumulación rentística. Estas tierras que eran públicas fueron entregadas por Stroessner a secuaces y favorecedores.
De todos estos desalojos el peor fue el que sufriera la comunidad Ava Guaraní de Corpus Christi, Canindeyú, que hoy resiste con arcos y flechas la prepotencia de una empresa del agronegocio amparada por el poder público.
Un total de 350 familias que viven en ranchos de barro y paja debieron soportar a mediados de junio pasado la violencia de guardias armados al servicio de la firma Laguna Sociedad Anónima que usurpó funciones de la policía nacional al pretender hacer cumplir una orden judicial de desalojo con el trágico resultado de un muerto y varios heridos.
Los Avá Guaraní reclaman que las tierras se titularon y vendieron con ellos adentro, que son sus tierras ancestrales. Se trata de 1.500 hectáreas que la empresa quiere para plantar trigo y soya.
Con violencia ingresó entonces y destruyó lugares sagrados. La justicia acusó a los guardias de homicidio doloso y toma de rehenes y lesiones, pero fue también una jueza la que olvidó que los indígenas habitan la tierra desde hace siglos y dio la orden de desalojo.
El periodista Julio Benegas autor del libro La Masacre de Curuguaty. Golpe Sicario en Paraguay definió en el periódico digital E`a: “El país no sólo está en emergencia. Está en un cuadro de guerra territorial que tal vez en el tiempo se comprenda su magnitud. Esta guerra es desigual por donde se la mire... Toda la corporación empresarial, en uso irrestricto del Estado, contra el pueblo. Ni más ni menos”.
Por eso la pelea por la nulidad del juicio de la Masacre de Curuguaty es una tarea principal del movimiento social paraguayo. Esta gran impostura es la matriz en la que se basa todo el edificio de terror que hoy pretende imponerse con la fuerza bruta oficial y parapolicial.
Desde Asunción, Jorge Zárate
Más de 200 mil inundados
Superando las previsiones, el Río Paraguay creció siete centímetros por encima de los 6,50 que se estimaba alcanzaría como máximo hasta fines de junio. Igualmente se esperaba que el pico sea de siete metros en los primeros días de julio de acuerdo a lo informado por el gerente de Hidrología de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (Annp), José Ávila.
La Annp prevé que el caudal siga subiendo un centímetro por día en media hasta el 10 de julio debido a las lluvias que se registran en la cuenca superior.
El número de desplazados por las inundaciones subió a 199.050, de acuerdo a datos de la Secretaría de Emergencia.
Hasta ahora el agua viene afectando en particular a barrios pobres ubicados en los bañados sur y norte de la capital, así como al popular barrio La Chacarita. Sin embargo, la subida constante del nivel ha empujado ya el agua hasta Sajonia, un barrio tradicional cercano al centro de la ciudad.
Los evacuados en la capital están en campamentos dentro de cuarteles, han montado refugios precarios con tablas y mantas en las calles y plazas, o se han alojado con familiares.
Según el último cómputo oficial, hay 39.810 familias desplazadas en el país, una cifra que la SEN multiplica por cinco miembros en media para tener una estimativa del total de personas evacuadas.
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En esta emisión, ponemos al descubierto la vulnerabilidad de las audiencias ante los medios de comunicación y la falta de conocimiento sobre el derecho a la información. Cynthia Ottaviano, relata experiencias argentinas sobre la nueva Defensoría del Público, que sirve de plataforma para muchos países de la región, como un marco fundamental para la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios.
