Alta tensión: la
marcha de trabajadores rurales que reclaman el acceso a la tierra
disparó la reacción de los líderes del modelo empresarial
agroexportador. Por un lado quedó en el tapete la presunta ilegalidad de
los documentos de las tierras administradas por el empresario de origen
brasileño Tranquilo Favero. Por otro, varios sectores de la comunidad
reaccionaron después de que el polémico terrateniente denostara a los
llamados “carperos” y a las mujeres, y ensalzara la dictadura de Alfredo
Stroessner. Mientras se dilucida el conflicto por la posesión de
terrenos, unas 10 mil personas aguardan expectantes, bajo el tendido
eléctrico, un pedazo de tierra para sembrar su futuro.
El 35% de la población
paraguaya vive en condiciones de pobreza. Este hecho en gran parte está
explicado por el dato de que 350 mil familias carecen de tierras
agrícolas. En la situación opuesta, el 2% de la población cuenta con más
del 70%. Entre estos terratenientes se cuentan varias corporaciones
transnacionales.
En una lucha que ya lleva años, la Liga
Nacional de Carperos, agrupación que salió a luz hace dos años, logró
poner en discusión la legalidad de unas 167 mil hectáreas que están en
manos de colonos procedentes de Brasil, en una fértil región del Este
del país, lindante precisamente con el gigante vecino.
“Los títulos que dice tener Favero son
falsos”, afirmó el abogado José López Gill, que es representante legal
de los carperos. El asesor jurídico pretende que el Gobierno desaloje a
los usurpadores de tierras –los también llamados brasiguayos, las cuales
deben pasar a ser entregadas a los trabajadores rurales que las
reclaman. Unas 10 mil personas acampan a la espera de la solución a sus
reivindicaciones.
El litigio comenzó con el reclamo de una
mensura de las tierras, medida considerada clave por los campesinos. La
iniciativa es rechazada por los gremios empresariales, cuyo principal
rubro es la soya. Además, el proceso está bloqueado en instancias
judiciales, pese a que tiene el apoyo del organismo encargado de brindar
respuestas sobre políticas de distribución de tierras, el Instituto de
Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
“Con la mensura judicial en Ñacunday, el
Indert pretende ubicar las Fincas 81 y 39 para luego, en caso de existir
superposición de títulos u otras situaciones irregulares, derivarlas a
la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial, a quienes
corresponde intervenir. De ningún modo el Indert buscará anular títulos o
poner en riesgo las propiedades legítimamente adquiridas, pues ni tiene
competencia para hacerlo, ni está dentro de sus objetivos”, describió
un pronunciamiento emitido por la entidad pública.
El Indert sostuvo que la mensura judicial es
un procedimiento que no otorga ni saca derechos. Su objetivo es
determinar la ubicación de una propiedad en el terreno y su
correspondencia con lo que reza el título.
Las tierras en litigio pertenecerían al Estado
paraguayo, según una resolución de la propia Corte Suprema de Justicia,
de mediados del siglo XX. Estos inmuebles habrían formado parte del
“paquete” de tierras públicas que Paraguay fue obligado a vender tras la
hecatombe generada por la guerra de la Triple Alianza, entre 1864 y
1870. Varias corporaciones brasileñas y argentinas, con respaldo del
capital transnacional, se quedaron con extensas áreas que pertenecían al
Estado paraguayo.
Combustible al fuego
La Liga Nacional de Carperos urge al Gobierno
una respuesta a sus reclamos. El Ejecutivo anunció, en forma paralela,
planes de contingencia como la instalación de escuelas de emergencia
para los aproximadamente mil niños y niñas que viven en las carpas. Este
paliativo pretende asistir a los infantes a fin de evitar que pierdan
el año escolar.
Pero el problema de fondo continúa, con
amenazas incluso de que los manifestantes sean desalojados de la franja
de seguridad asignada a la estatal Administración Nacional de
Electricidad (Ande), bajo cuyas torres y cables están ubicados los
carperos.
A la ya complicada situación se añadió un
nuevo foco, que hizo remover las críticas hacia el modelo
agroexportador. La publicación de una entrevista a Favero en uno de los
medios brasileños de mayor alcance, Folha do São Paulo, radiografió al
empresario. Según el diario, el terrateniente agroexportador calificó a
los campesinos como delincuentes, denostó a las mujeres, elogió la
dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y señaló que es inútil
negociar con los sintierras con diplomacia, pues ellos tienen que se
tratados como “mujer de los bandidos, que sólo obedece a base de palos”.
Añadió que no necesitaba hablar en guaraní,
lengua oficial en Paraguay junto al español, pues teniendo guaraníes (la
moneda oficial del país) en el bolsillo ya no era necesario que hablara
la lengua originaria de estas tierras.
La mecha se propagó y no tardaron las
reacciones. Varias organizaciones sociales denunciaron a Favero ante la
Fiscalía por apología al delito. Además, realizaron una manifestación
frente a la oficina central de su grupo empresarial. Voces tan diversas
coincidieron en descalificar al tenedor de tierras. El ministro del
Interior, Carlos Filizzola, lo tildó de fascista, mientras que el
vicepresidente de la República, Federico Franco, afirmó que Favero es
bravucón e imperialista. Varios funcionarios y líderes sociales cerraron
filas alrededor de lo que gran parte de la población tomó con una
“confesión” de parte del agroempresario.
La Junta Municipal de Asunción declaró persona
no grata a Favero. Además, varios concejales, encabezados por los
líderes de bancadas, solicitaron al Ministerio del Interior el retiro de
la ciudadanía que había sido otorgada al brasileño, décadas atrás.
Ante tamaña indignación y al ver que su
posición podía debilitarse con semejantes expresiones, Favero se vio
obligado a pedir disculpas, incluso con avisos en la prensa escrita.
Este fue el lado más expuesto públicamente en
medio de este conflicto. Pero existen otros elementos que quedaron sin
muchas respuestas, como el caso de un dirigente de los carperos, que
falleció mientras conducía su motocicleta en la zona del conflicto.
Ñacunday puede ser el punto de inflexión que
abra las tranqueras para implementar la tan ansiada reforma agraria en
Paraguay. El desenlace está pendiente.
Desde Asunción,
Vicente Páez
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