El estado de excepción en cinco departamentos del Centro y Norte del Paraguay finalizó después de treinta días de vigencia. La medida había sido decretada el 24 de abril pasado por el Congreso tras una propuesta presentada por el jefe de Estado, Fernando Lugo, para intentar capturar a integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Previsiblemente, la derecha consideró que el Poder Ejecutivo fracasó en su intento de captura del EPP y desaprovechó los 30 días de estado de excepción, medida que promovía una mayor militarización de los cinco departamentos limítrofes con Brasil y Bolivia. Como lo denunciaron oportunamente los sectores sociales que cuestionaban la medida –y como lo refleja la edición de mayo de América XXI- la oposición utilizó esta instancia para intentar mostrar a la ciudadanía que el Gobierno es inepto o protege a los integrantes del EPP. Finalmente, ése fue el discurso en los días posteriores al final de la medida excepcional.
El diputado del opositor Partido Patria Querida, Carlos María Soler, dijo que el “fracaso” y la “decepción” se fundamentan en la realización de operaciones con más de tres mil policías y militares sin lograr la captura de los integrantes de ese grupo armado que, se estima, no son más de 50.
Desde el oficialismo, la diputada Desiree Masi señaló que era previsible que no se iba a poder capturar a los miembros del EPP en los treinta días que dio el Congreso para el estado de excepción y recordó que el Ejecutivo había propuesto inicialmente la vigencia de la medida por 60 días. “A este Gobierno le quieren hacer cargar el costo político de este grupo armado que opera desde hace doce años en el país”, advirtió.
El estado de excepción se cumplió en los departamentos de Amambay, Concepción, San Pedro, Presidente Hayes y Alto Paraguay, región donde se cree que opera el grupo armado que, según la fiscalía paraguaya, tiene nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
La norma fue impulsada por el Poder Ejecutivo y reformada y aprobada por el Congreso, tras la muerte, el 21 de abril pasado, de un agente y tres civiles en un ataque atribuido al EPP, ocurrido en una hacienda ganadera de Arroyito, a casi 400 kilómetros al norte de Asunción.
Durante la vigencia de la medida, y en medio de varios incidentes entre grupos de militares y policías que incluyó una fallida incursión durante una fiesta familiar, fue arrestado más de un centenar de personas, aunque ninguna de ellas forman parte de la lista de alrededor de 20 líderes del grupo armado.
Las fuerzas de seguridad hicieron más de 150 detenciones de familiares o colaboradores de los presuntos integrantes del EPP y provocaron un escándalo con un tiroteo entre policías y militares en Huguá ñandú, en Concepción, a 600 kilómetros al noreste de Asunción. También se les escapó un presunto miembro del EPP que estaba rodeado en el Chaco Paraguayo.
El Gobierno admite que hay un consenso en continuar con la presencia militar de control, pero no así con el estado de excepción. Lugo prometió buscar los mecanismos institucionales que permitan a los militares seguir patrullando la zona. En este sentido, el jefe de Gabinete, Miguel López Perito, afirmó que su gobierno apoya una eventual revisión de la ley de seguridad para que los militares participen en labores policiales. “Lo que hay que analizar es la prolongación del estado de excepción o tal vez proceder ya a la modificación de la ley de seguridad pública”, dijo. La Ley 1337 de Defensa y Seguridad Interna del Estado garantiza la participación, fuera del estado de excepción, de tropas del Ejército en operaciones logísticas que realiza la Policía en intervenciones específicas. “La modificación de la ley permitiría la actuación de las Fuerzas Armadas sin necesidad de convocar un estado de excepción, que siempre tiene sus efectos traumáticos”, indicó López Perito. El funcionario indicó que con esta modificación a las leyes vigentes se evitaría suspender garantías. “No se afecta el curso normal de la normativa jurídica de la República y, por otro lado, ganamos lo que necesitamos hoy: una intervención eficaz de las Fuerzas Militares”, dijo. López Perito argumentó que “si bien no se ha capturado a los cabecillas del EPP, se ha conseguido bajar los índices delictivos en el Norte del país”.
Decisión tramposa
Dirigentes políticos y sociales y varios analistas reiteraron que el resultado de esta experiencia demuestra que la declaración de la medida ha sido innecesaria y que –como se había advertido desde varios sectores- sirvió para que crezcan las críticas contra el presidente Lugo y se reflote la amenaza de un eventual juicio político contra el gobernante por mal desempeño en sus funciones.
Efectivamente, la oposición se propone verificar la posibilidad de plantear el juicio político a Lugo, para lo que hacen los más disparatados cálculos numéricos para intentar una vez más promover la destitución del presidente.
Entre los distintos movimientos opositores, uno es el que lidera el vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal Radical Autónomo (Plra), quien se lamentó por la “falta de liderazgo” de Lugo. Un segundo grupo parlamentario se encolumna detrás del presidente del Congreso, Miguel Carrizosa, del derechista Patria Querida, y un tercero, mayoría en el Partido Colorado, tiene una mirada a largo plazo que se sintetiza así: dejar fracasar al gobierno de Lugo para retomar el poder en 2013.
Como es tan difícil unificar estos criterios, en las carpas oficialistas se considera que el juicio político finalmente no podrá siquiera intentarse, pero todo puede suceder. La idea central es atacar antes de que Lugo pueda ser plebiscitado en las urnas en las elecciones de noviembre próximo. Al cierre de esta edición, se estimaba que la oposición, que controla el Parlamento, iba a dar cuenta del alegado fracaso pidiendo las renuncias del ministro del Interior, Rafael Filizzola y del ministro de Defensa, Luis Bareiro Spaini.
Cada sector político o institucional de Paraguay coloca al EPP en el lugar que mejor encaje a sus intereses. Para buena parte de la derecha, Lugo es incompetente y varios funcionarios de su gobierno protegen al grupo armado. Para el oficialismo, las acciones armadas de este presunto núcleo de extrema izquierda es funcional a la derecha desestabilizadora. Para los simpatizantes de la alianza de gobierno, la oposición utiliza al EPP para socavar la figura del presidente de la república.
El gobernador de San Pedro, José Ledesma, dijo que el crimen organizado protege a los líderes del EPP. “Si queremos capturar a los miembros de este grupo tenemos que ir al fondo de la cuestión, atacar la mafia, el crimen organizado que opera en la zona norte”, indicó el jefe de uno de los departamentos en los que tuvo vigor el estado de excepción. El Gobernador, uno de los mandatarios departamentales con más vínculos con el presidente Lugo, dijo que los mafiosos se pasean por la zona norte en camionetas y avionetas y manifestó que la población no denuncia sus actividades por temor. Explicó que en varias ocasiones pasó datos a la Policía y la Fiscalía sobre las actividades de grupos de delincuentes. Lamentó que muchas denuncias se filtran rápidamente, con lo que los supuestos guerrilleros tienen tiempo de eludir los operativos de las fuerzas de seguridad.
Desde Asunción, Jorge Zárate
Lugo en Madrid
Al participar de la VIª cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea-América Latina y el Caribe, celebrada en Madrid, el presidente Fernando Lugo criticó los mecanismos ambientales que pergeñan los países desarrollados para seguir contaminando: “No se puede mercantilizar y legitimar un mercado que conlleve el derecho a contaminar por medio de compra de acciones a países en vías de desarrollo o por cualquier otro instrumento”, señaló. Lugo reclamó “un compromiso firme y serio de los países más ricos, cuyos modelos de desarrollo económico fueron los principales causantes de esta crisis” y señaló que “se puede propiciar una economía más equilibrada e incluyente con múltiples polos de desarrollo y crecimiento a velocidades similares”. Comentó que la crisis económica mundial hizo descender entre el 5% y 10% las exportaciones paraguayas, con un marcado descenso de la inversión y que las remesas de compatriotas desde el exterior disminuyeron más del 10% en relación al año pasado.
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