Eugenio Rodas no imaginó jamás ver su nombre reproducido en la prensa internacional. Sin embargo ocurrió. Fue cuando le solicitó al ministro del Interior Rafael Filizolla que detuviera el operativo Ko’ê Pyahu (Nuevo Amanecer en guaraní) de destrucción de cultivos de marihuana, “porque de esto vive nuestra gente”, dijo.
Rodas es intendente de General Resquín, una localidad de 22 mil habitantes del departamento de San Pedro, ubicada 260 kilómetros al norte de Asunción. Sus palabras sorprendieron: “Como son pobres, sin ayuda estatal, no podrán cultivar otros rubros. Incluso cuando fuerzas especiales de la policía comenzaron a invadir pequeñas fincas para cortar y quemar las plantas de marihuana, fuimos advertidos por los campesinos de que se quedarían sin posibilidades de sobrevivir”. Este llamado desesperado del jefe comunal se produjo tras la protesta de campesinos de la colonia San José Norte, que amenazaron con cortar rutas si no se atendían sus reclamos. “La marihuana es prácticamente el único rubro de renta; nunca fuimos asistidos y necesitamos apoyo para trabajar”, denunció Daniel Romero, poblador de la zona. Y aclaró: “Sabemos que está prohibido, pero no tenemos otra opción valedera”. Los agricultores consideran que ese tipo de operativos no sirven para combatir el cultivo de marihuana y reclaman un plan de producción nacional para la tierra. “El Gobierno debe trabajar con la gente, de esa manera vamos a dejar este rubro y dedicarnos a otro”, explicó Romero. También realizó fuertes críticas al Ministerio de Agricultura por su inacción: “No ofrecen técnicos, sólo entregan pocas semillas de algunos rubros y nada más; no sirve lo que hacen”.
La demanda provocó un enorme impacto en el gobierno nacional, que convocó a una reunión en la que participaron el presidente Fernando Lugo, el gobernador del departamento San Pedro, José Ledesma y los intendentes de la zona: Ever Aguayo de Guayaybí, Darío Ramírez de Antequera y Orlando Devaca de Tacuatí, además del mencionado Rodas. Allí se debatió una propuesta de sustitución del cultivo de marihuana que involucre la asistencia a la agricultura familiar y la instalación de medianas industrias. Pero no se esperan resultados a corto plazo. Los cultivos de reemplazo serían el sésamo, la mandioca y el maíz; y se estudiará la viabilidad de instalar una fábrica de alcohol en la zona, con apoyo del ministerio de Agricultura y del Instituto de Tierras (Indert).
“Nosotros queremos la sustitución, estamos en contra de los cultivos ilícitos”, dijo Ledesma. El Gobernador se mostró también a favor de la destrucción de las plantaciones y recordó que es una mafia grande la que está detrás del negocio. Aclaró también que no sólo los campesinos pobres se dedican al cultivo de marihuana y denunció la existencia de plantaciones “en los fondos de los latifundios”. “La mafia utiliza a los campesinos para dedicarse a la marihuana, porque éstos no tienen otra opción para sobrevivir”, sentenció el funcionario y se manifestó a favor de discutir la legalización de la marihuana. “Hay que plantear el tema, para mi se terminaría el negocio porque dejaría de ser rentable”, expuso.
Debate nacional
La cuestión desató un debate nacional sobre la legalización. El dirigente campesino Belarmino Balbuena afirmó: “primero hay que hacer un análisis profundo de los pros y los contras que podría traer esto. La marihuana paraguaya tiene fama de ser una de las mejores del mundo. Comercializarla podría traer ciertos beneficios económicos, pero primero tenemos que fomentar la educación y concienciar a los jóvenes ante lo que nos podemos exponer”. El senador Fernando Silva Facetti (Plra) recordó el proyecto de ley presentado por su correligionario, el diputado Elvis Balbuena, a favor de la legalización. Facetti comparó la situación con la histórica “Ley Seca” de Estados Unidos: “Cuando el alcohol dejó de ser prohibido se acabaron los problemas”.
A su turno la senadora Ana Mendoza de Acha, del derechista Patria Querida, consideró: “Tenemos que sentarnos a la mesa y pensar cómo matamos el negocio de la droga”.
La mafia de las drogas tiene atemorizados a la mayoría de los pueblos de frontera de Paraguay, tanto a los que limitan con Brasil como a los que se ubican cerca de Argentina, ambos lugares de fluido tráfico. Personas que sólo han visto descargar una lancha fueron asesinadas. Ante esta situación, discutir el tema es urgente.
Desde Asunción, Jorge Zárate
Justificación gubernamental
“Lo que se combate es la comercialización ilícita a escala transnacional. Por más que un país decida legalizar (el cultivo de marihuana) siempre va a seguir habiendo una comercialización ilícita a nivel internacional. Si Paraguay toma una decisión así, igual va a ser ilegal en Brasil, en Europa, en Chile”, reflexionó el ministro del Interior Rafael Filizzola para oponerse a una posible legalización del cultivo. “El debate es aún incipiente y está muy lejano. Tiene que ser una decisión internacional que eventualmente lleve a modificar parte del convenio”, dijo, para señalar que el narcotráfico mueve en el mundo entre 350 mil y 550 mil millones de dólares anuales. Expuso que tanto el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, dos organizaciones criminales brasileñas que operan en el país y que se encargan de distribuir la droga “seguirán comercializando ilícitamente a otros países”. También afirmó que el negocio del narcotráfico “repercute en la inseguridad y violencia que se tiene en el país”. Paraguay está catalogado como el mayor productor y exportador de marihuana en la región. Con estos argumentos el ministro ratificó que los operativos continuarán durante todo el año en San Pedro y en otros departamentos: “Tienen que aprender que la ilegalidad no es una forma de vida; la producción de marihuana está penalizada y por lo tanto el Gobierno no puede permitir que los campesinos sigan incurriendo en el delito”. Al final destacó el apoyo de la Policía Aérea, que ayudó a localizar las plantaciones de marihuana en los distintos puntos de la zona de San Pedro.
La OKP llama a una movilización
La Organización Kannabica del Paraguay (OKP) calificó al Gobierno de “necio e inepto” y llamó a la movilización para protestar contra la política de criminalización de la marihuana. “Basta de esta demencial guerra, fruto de una colonización legislativa que ningún beneficio aporta a nuestro país”, expuso el grupo. “La prohibición sobre las drogas y la represión contra el narcotráfico es un negocio que mueve miles de millones de dólares en el mundo y hace ricos a muchísimas personas y corporaciones”, indicó la OKP. “El negocio es, por un lado, combatir a los narcos para crear infraestructuras represivas que reciban recursos de los Estados participantes de la guerra contra las drogas y por el otro lado es negocio para los que la trafican ilegalmente pues con la prohibición los precios se disparan y las ganancias son astronómicas”, se lee en el comunicado de convocatoria difundido por el grupo, que deja una pregunta incómoda de cara al futuro: “¿Acaso tendremos que correr la misma suerte que nuestros hermanos mexicanos para darnos cuenta que esta guerra no beneficia al país?”.
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