Soledad:
el destituido presidente Fernando Lugo anunció un plan de lucha para
recuperar la democracia y prometió liderar una campaña que recorrerá los
17 departamentos del país. Un incipiente frente social gana las calles y
se organiza para las elecciones del 13 de abril próximo. Desde el golpe
del 22 de junio el nuevo régimen intentó en vano ser reconocido
internacionalmente. Unasur y Mercosur se muestran inflexibles al aplicar
la sanción política adoptada por los presidentes de Argentina, Brasil,
Uruguay, pero sin dejar de lado los planes sociales y económicos que el
bloque había adoptado con anterioridad. El respaldo de la OEA y la
presión de Estados Unidos para evitar que el nuevo gobierno quede
aislado son vistos como un triunfo por los funcionarios del golpe.
Resistencia y lucha
“Volveremos a reconquistar la democracia”, dijo
Fernando Lugo al leer un mensaje a la ciudadanía el 22 de julio pasado,
un mes después del golpe de Estado parlamentario que lo destituyera de
manera ilegal en menos de 36 horas. Al hablar en el local del Frente
Guasu ubicado a metros de la residencia presidencial Mburuvicha Roga,
que hoy usurpa Federico Franco, anunció una campaña de trabajo en los 17
departamentos en un programa que será –dijo– de “resistencia y lucha”.
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En el acto, Lugo fue más directo que nunca en el
análisis de lo que pasó en los días de su destitución: “la tragedia
ocurrida una semana antes (del juicio político), que produjo la muerte
de 17 compatriotas (campesinos y policías, en Curuguaty), fue manipulada
para justificar la actitud antidemocrática de parlamentarios
golpistas”, dijo. El ex obispo reafirmó su decisión de aceptar de manera
pacífica el procedimiento que lo destituyó: “los que tramaron contra el
pueblo paraguayo esperaban que diéramos el paso en falso, y que en
nuestra legítima defensa frente al Golpe, les diéramos la oportunidad
para provocar más muertes y volver a utilizarlas en favor de sus
conspiraciones. Optamos conscientemente por no alimentar la espiral de
la violencia y la muerte”.
Días antes, en un acto en la localidad de María
Auxiliadora, Itapúa, en el corazón soyero del país, Lugo había observado
un país dividido entre demócratas y golpistas. Además, denunció que
“los golpistas envenenan las tierras y a la gente; y hablan de
soberanía, pero soberanía para unos pocos, los soyeros (grandes
cultivadores de soya) y multinacionales, liberándolos del pago de sus
impuestos”.
El gobierno de Federico Franco intentó maquillar
el carácter del nuevo régimen prometiendo reforma agraria, planes
sociales y reuniones con los campesinos. Sin embargo, sus acciones de
fondo tomaron un rápido cariz de política liberal anticrisis
capitalista.
•Aceleró la radicación de una planta laminadora
de aluminio de la canadiense Río Tinto Alcan objetada por la
contaminación del medioambiente, por el poco impacto laboral y porque en
su operatoria consumiría la misma cantidad de energía que hoy usa todo
Paraguay.
•Nombró al economista Manuel Ferreira,
representante de los soyeros, como ministro de Hacienda. En sus primeras
declaraciones, admitió la posibilidad de concesionar empresas públicas,
marcando un retorno a las privatizaciones que fueran rechazadas siempre
por la fuerza popular.
•Otorgó un crédito de 50 mil millones de
guaraníes (12,5 millones de dólares) a los ganaderos de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), mientras los pequeños productores claman por
asistencia crediticia.
Frente a esto, el 15 de agosto se realizará una
movilización del Frente en Defensa de la Democracia, que busca
capitalizar organizadamente la resistencia civil al gobierno de facto.
Se estima que uno de los aportes masivos para esta jornada provendrá de
los sectores campesinos, muchos de los cuales estaban enfrentados a Lugo
ante el casi nulo avance de su gobierno en la reforma agraria. Pese a
que esas diferencias paralizaron buena parte de las movilizaciones
durante las horas del juicio político, el avance del gobierno de facto
en contra de los intereses populares cambió el escenario y revitalizó la
protesta.
Los partidos de izquierda que integran el Frente
Guasu son muy pequeños y no tienen una militancia de base que pueda
generar movilizaciones masivas. Aun así, se advierte un crecimiento del
descontento popular y se espera que la demostración del 15 sea
importante.
Los integrantes de la resistencia sostienen que
el pueblo no sólo votó a Lugo, sino que lo hizo también por un programa
de políticas sociales que su gestión se esforzó en establecer. Aunque
muchos admiten que el ex obispo hizo poco en relación a la tremenda
desigualdad que existe en el país, su gestión dejó en claro el sentido
redistributivo.
Mencionan el acceso gratuito a la salud; lograr
que Brasil pague más por la energía que compra a precios irrisorios de
Itaipú; y la puesta en marcha de planes de apoyo social, de vivienda y
de consolidación de los asentamientos campesinos.
Las elecciones presidenciales del 20 de abril de
2013 ofrecen chances para el Frente Guasu de capitalizar el descontento.
En 2008, Lugo llegó al gobierno al frente de una alianza en la que
tenía una fuerte presencia el Partido Liberal Radical Auténtico (Plra),
integrado a su vez por expresiones que, cuatro años después, lo
derrocarían. Ahora, ya sin aliados de derecha, hay un frente social y
político que tiene la posibilidad de pelear el ingreso de más diputados y
senadores, de establecer un programa claro en defensa de la reforma
agraria, de pelear por una victoria que revierta este cuadro de
desesperanza en que los golpistas sumergieron a la población.
El horizonte es propicio con o sin la candidatura
de Lugo, quien podría aspirar a una banca de senador, más si se tiene
en cuenta el escenario de una derecha divida entre el Plra, el Partido
Colorado, Unace (Unión Nacional de Ciudadanos Éticos) y Patria Querida,
cuyas facciones tienen un discurso explícitamente antipopular.
Franco insiste en que el 15 de agosto de 2013
entregará el gobierno al mandatario que sea elegido en esos comicios, en
los que además se elegirá al vicepresidente, 17 gobernadores, 80
diputados, 40 senadores y legisladores departamentales (provinciales)
para un período de cinco años (la legislatura paraguaya no se renueva a
mitad de período presidencial, sino que acompaña los cinco años del
Poder Ejecutivo).
Presencia regional
A partir de la decisión de los presidentes de
Brasil, Argentina y Uruguay de suspender a Paraguay como estado miembro
del Mercosur, todas las instituciones del bloque regional le han dado la
espalda al nuevo régimen. Aun así, la premisa de no afectar al pueblo
paraguayo implica un desafío adicional. Durante todo julio se realizaron
reuniones políticas y técnicas para definir la compleja relación, de
manera que las acciones trazadas por el bloque garanticen los programas
sociales, sanitarios, comerciales o financieros que involucran a
Paraguay. Se trata de continuar con políticas de integración que,
necesariamente, involucran a las autoridades desconocidas.
El 23 de julio, el Tribunal Permanente de
Revisión del Mercosur rechazó una demanda que Paraguay promovió ante el
organismo, solicitando dejar sin efecto la suspensión del país ante el
bloque y el ingreso de Venezuela, decisiones tomadas durante la última
cumbre del Mercosur en Mendoza, Argentina. El organismo señaló que “no
están presentes los requisitos para la admisibilidad del procedimiento
excepcional de urgencia” porque no se agotaron los trámites para hacer
lugar a la pretensión paraguaya.
El gobierno de facto de Federico Franco “deploró”
el rechazo de la demanda que promovió ante el Tribunal Permanente de
Revisión (TRP) del Mercosur para el levantamiento de sanciones y anunció
que acudirá a otras instancias internacionales para tratar de revertir
la medida. “Paraguay continuará en la lucha por la defensa de sus
derechos” y “deplora que una vez más dentro del Mercosur la legalidad y
el derecho queden relegados ante razones coyunturales de naturaleza
política”, dijo su canciller, José Félix Estigarribia. La prensa
reaccionaria, como el diario ABC, vocero del golpismo, interpretó que el TRP “recibe órdenes de Itamaraty”, en referencia a la cancillería brasileña.
Al cierre de esta edición se conformó el Grupo de
Alto Nivel de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) para el
seguimiento y evaluación de la situación en Paraguay. Durante una
reunión en Perú, el grupo presidido por el ex primer ministro de Perú,
Salomón Lerner, estableció un plan de trabajo para el cumplimiento del
mandato dado por la Cumbre de Unasur, celebrada el 29 de junio en
Mendoza, Argentina. Del encuentro en el palacio Torre Tagle, sede de la
cancillería peruana, participaron los representantes de Surinam, Glenn
Alvares; Brasil, Guillermo Patriota, y de Argentina, Rodolfo Mattarollo.
El grupo reafirmó la suspensión de Paraguay hasta que se celebren las
elecciones de abril próximo.
Al mismo tiempo, una delegación de legisladores
del Parlamento del Mercosur (Parlasur) inició una investigación sobre la
situación paraguaya, que incluyó reuniones con representantes de los
distintos poderes del Estado y una visita a la zona de Curuguaty, donde a
mediados de junio se produjo la matanza de campesinos y policías, en un
hecho que el régimen de Franco no ha logrado esclarecer.
Más de un mes después de la destitución de Lugo,
la Organización de Estados Americanos no había logrado una posición
común frente a los hechos en Paraguay. La reunión del Consejo Permanente
de mediados de julio se pronunció en contra de la suspensión de
Paraguay y a favor de que el secretario general del organismo, José
Miguel Insulza, envíe una misión de apoyo a ese país ante la crisis por
la destitución de Fernando Lugo. Estados Unidos oficializó su idea de no
sancionar a Paraguay mientras que Insulza recibió públicamente las
felicitaciones del canciller del régimen paraguayo.
Desde Asunción, Jorge Zárate
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