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| Nota publicada en La Nación, para descargar el informe hacer click en la imagen |
Armarse como una forma de defenderse
está en la pretensión de un 52,2% de los encuestados para el
Informe Regional de
Desarrollo Humano. Seguridad Ciudadana con Rostro Humano 2013/14 del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Un número
que coincide con otro indicador fuerte: Más de un 75% se mostró de
acuerdo con que se apliquen políticas de mano dura con la
delincuencia.
A
pesar de ello la mayoría considera que la policía debe cumplir con
la ley. Así lo manifestó más de un 60% de los
encuestados aunque un 34,5% dijo que haría justicia por mano propia.
Los reflejos de una policía
cuestionada en su efectividad se hacen notar en el número creciente
de guardias de seguridad presentes en el país. Hay alrededor de 450
guardias privados cada 100 mil habitantes, un número mayor que el de
policías que es de 350 cada 100 mil habitantes.
Una cuestión que es tomada con
preocupación en el informe donde se consigna que “los agentes de
seguridad privada de América Latina son los más armados del mundo,
con una tasa de posesión de armas por empleado 10 veces mayor que la
de Europa Occidental”.
Como dato positivo se expone que hay
16,2 jueces cada 100 mil habitantes una de las tasas más altas del
continente aunque la mayoría de la población tiene poco y nada de
confianza en la justicia criminal del país.
El informe describe también como la
informalidad económica funciona como un escudo para evitar robos y
secuestros: “También
los empresarios y el sector privado han modificado sus conductas
debido a la violencia. Por ejemplo, en casos extremos, los
empresarios, especialmente los más pequeños, pueden pasar de la
formalidad a la informalidad u ocultar sus ganancias para atraer
menos a los criminales. En países donde la corrupción y el crimen
han penetrado en las instituciones del Estado, los empresarios temen
que los delincuentes accedan a información confidencial de sus
empresas para efectos de extorsión. Al esconderse en el sector
informal, las empresas pueden gozar del anonimato pues no registran
su existencia o sus finanzas ante el Estado”. Agrega que “sin
embargo, el aumento de la informalidad niega valiosos ingresos
fiscales al Estado, lo que debilita aún más la capacidad de sus
instituciones, como la policía y el poder judicial; además,
restringe las acciones de las empresas y, muchas veces, su
crecimiento”, considera
Preocupación principal
La seguridad ciudadana es una de las
principales preocupaciones de los ciudadanos de América Latina. El
delito, la violencia y el temor que éstos generan son desafíos que
comparten todos
los países de la región, aunque con
distintas intensidades. De ahí que el Informe Regional
de Desarrollo Humano. Seguridad Ciudadana con Rostro Humano 2013/14
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) centre
su atención en esta modalidad específica, sin negar que una
concepción amplia de la seguridad —que integre aspectos como la
salud, la educación y la seguridad alimentaria— es la base de la
seguridad ciudadana y del desarrollo humano.
Esta consiste en la protección de un
núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el
respeto a la integridad física y material de la persona, y su
derecho a tener una vida digna.
Igual que en informes anteriores del
PNUD, esta concepción está centrada en el bienestar de las personas
y considera que la provisión de seguridad ciudadana es un requisito
indispensable para
su desarrollo humano. Asimismo, subraya el papel central que tiene la
vigencia real y la tutela de una serie de derechos humanos que son
exigibles frente al Estado. Así, la falta de empleo, la pobreza, la
inequidad o la carencia de libertades, por citar sólo algunos
ejemplos, son obstáculos directos para la convivencia y la seguridad
ciudadana, reporta el estudio.
Desconfianza en la justicia
√ Más de un 60% de los encuestados
consideró que debe respetarse siempre la ley
√ Un 34,5% dijo que haría justicia
por mano propia
√ Más de un 75% se mostró de
acuerdo con políticas de mano dura
√ Un 52,2% dijo que tendría un arma
de fuego para su protección
√ En el país hay alrededor de 450
guardias de seguridad privada cada 100 mil habitantes
√ También unos 350 policías cada
100 mil habitantes.
√ Hay 16,2 jueces cada 100 mil
habitantes una de las tasas más altas del continente
√ La mayoría de la población tiene
poco y nada de confianza en la justicia criminal del país
√ En el país se tienen registradas
361.093 armas. Un 56,1% de los homicidios se dan con armas de fuego
(estudios del 2009) y también están presentes en el 27,1% de los
robos.
Fuente:
Informe Regional de Desarrollo Humano. Seguridad Ciudadana con Rostro
Humano 2013/14 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
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