Paraguay: Movilización contra el modelo económico y la narcopolítica

Aire nuevo: el flamante Congreso Democrático de los Pueblos realiza una serie de actividades atravesadas por el respeto a los derechos humanos en todas sus formas. Las organizaciones rurales y urbanas que lo conforman denuncian falta de respuesta a las necesidades sociales básicas, endurecimiento de la represión a campesinos y obreros y los crecientes nexos del narcotráfico con dirigentes políticos particularmente del Partico Colorado que lidera el presidente Horacio Cartes.

Las principales fuerzas políticas y sociales que sostienen en Paraguay la flamante construcción del Congreso Democrático del Pueblo (CDP) realizan durante diciembre una serie de actividades para reclamar por los derechos humanos, potenciadas tras el asesinato del periodista Pablo Medina y su asistente Antonia Almada en septiembre pasado. La consigna de “derrotar al terrorismo de Estado” en todas sus formas atraviesa este último mes de un año de mucha convulsión social.

 “La consigna principal es derogar la ley de privatizaciones para derrotar al terrorismo de Estado que se está instalando, asegurando que el modelo productivo que hoy domina nuestro país está dirigido por la narcopolítica. Es obligación de patriotas y demócratas, confrontarlo”, expresó un documento conjunto firmado por Teodolina Villalba, de la Federación Nacional Campesina (FNC); Najeeb Amado, del Frente Guasú (FG); Santiago Ortiz, del Sindicato de Periodistas (SPP); y Luis Aguayo, de la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (Mcnoc). Estas son algunas de las organizaciones que integran la flamante CDP (ver recuadro). 

El texto de la convocatoria expresó que “defender los Derechos Humanos hoy en nuestro país significa defender nuestro derecho a la seguridad, a la paz, a la justicia social. Con tierra, trabajo, vivienda, alimentación, salud y educación gratuita y de calidad, cumplimos con las garantías para la vigencia de los Derechos Humanos. Es por todas estas cuestiones que decimos: luchar por los Derechos Humanos es luchar por la seguridad con justicia social para el pueblo”.

Para las jornadas, que se extenderán hasta el 22 de diciembre incluyendo la gran marcha del 10, la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy) previó una serie de actividades reivindicativas en un momento considerado especial. Durante los días de la convocatoria la policía apresó al secretario general de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), Julio López, por pintar un mural que reclamaba la libertad de 11 integrantes de la Liga de Obreros Marítimos (Lomp) que también fueron detenidos por una protesta sindical. “Esto constituye una afrenta al movimiento sindical, al pueblo trabajador y a las libertades democráticas”, dijo el dirigente que fue detenido junto a sus compañeros David Romero y Enrique Troncoso. Los movimientos políticos, sociales y sindicales acusan a la policía paraguaya de reprimir de manera brutal al pueblo trabajador, acompañar las fumigaciones de las plantaciones de soya y estar involucrada en el narcotráfico.

Sobre el final del año el estancamiento de la economía y el consumo se hace notable. Las fuerzas sociales permanecen en las calles para protestar: cortes de ruta de los productores agrícolas y manifestaciones de diversas organizaciones sindicales.

Secretos

Tras los asesinatos de Medina y Almada la prensa paraguaya siguió haciendo foco en la “narcopolítica” y echó la luz sobre la designación que Cartes hizo de la diputada Cristina Villalba como jefa del bloque de diputados del Partido Colorado. Se trata de la misma mujer que aparece como la protectora del prófugo Wilson “Neneco” Acosta, principal sospechoso de ser el autor moral del asesinato del periodista del diario ABC Color y su asistente. El propio periódico, decano de la prensa patronal, reveló que Carlos “Chicharó” Sánchez, diputado suplente de la Asociación Nacional Republicana (ANR, nombre oficial del Parti do Colorado) “estuvo detenido en la Penitenciaría de Tacumbú por varios ilícitos, entre ellos narcotráfico, y que habría logrado salir por intervención del propio presidente Horacio Cartes”.

Otros cuatro diputados del Partido Colorado, Marcial Lezcano, Freddy D’Ecclesiis, Magdaleno Silva y Bernardo Villalba, aparecieron en una denuncia en el Senado que el Ministerio Público se comprometió a investigar. El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, designó un equipo integrado por los fiscales Carlos Alcaraz, Gilda Villalba y Elba Cáceres bajo la coordinación del fiscal adjunto Marco Alcaraz, de la Unidad Especializada de lucha contra el Narcotráfico, para que se encarguen del tema que amenaza golpear severamente a hombres de los tres poderes públicos.

“Somos conscientes de la importancia y de la gravedad que representa este caso. Por ello hemos conformado un grupo especial de investigadores a fin de indagar la denuncia que se anuncia será presentada por representantes del Senado sobre supuestos vínculos de legisladores con el narcotráfico”, dijo Díaz Verón.

Pero el más curioso de los testimonios sobre el tema lo ofreció el titular de la Secretaría Antidrogas (Senad), Luis Rojas, cuando reveló la charla con Cartes en la que este le encomendó una presunta lucha a fondo contra el narcotráfico: “Estamos cumpliendo el mandato del Presidente de declarar la guerra al narcotráfico. Él, personalmente, asume esta causa. Me lo dijo en una reunión privada, donde lo vi con los ojos lagrimosos, que habló con su familia de lo que implicaría esta ofensiva y las consecuencias. Él me preguntó si lo acompañaría hasta el final y le dije que sí”, comentó.

El propio Cartes cuando era precandidato presidencial fue investigado por la Administración de Combate a las Drogas (DEA, su sigla en inglés) de los Estados Unidos y otros organismos internacionales por vínculos con el narcotráfico según revelaron los cables del departamento de Estado filtrados por Wikileaks.

Rojas admitió que la lista de implicados que maneja el Gobierno es más importante que la que tiene el Senado y que incluye a policías, militares y funcionarios de la Senad. También expuso que las cosas podrían complicarse en una escalada de violencia ya que los políticos dejaron de responder las llamadas de sus “financistas”, cuestión que podría derivar en desenlaces inesperados.

Desde Asunción, Jorge Zárate

Nueva herramienta de denuncia y acción El manifiesto que funda la movilización del Congreso Democrático del Pueblo (CDP) denuncia: “las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad no tenemos garantizada nuestra jubilación ni nuestra seguridad social; gran parte de las tierras están en manos de muy pocas personas que accedieron de manera ilegal generando millones de hectáreas malhabidas; junto con la soya y la ganadería, el narcotráfico, el tráfico de armas y municiones, el tráfico de autos, el tráfico de madera, la evasión de impuestos y el contrabando a gran escala se constituyeron como la principal vía de acumulación de las pocas familias multimillonarias que gobiernan nuestro país al servicio del capital extranjero capitaneado por Estados Unidos; esta situación se viene agudizando con la política antinacional y antipopular de Cartes y su mayoría parlamentaria alquilada, porque busca elevar al máximo las ganancias de capitales extranjeros junto con unas pocas familias, perjudicando a la mayoría de pueblo que entonces se moviliza y recibe garrote, balas, persecución, imputación y apresamiento”. Agrega que “la violencia del Gobierno se refleja en los desalojos a pueblos originarios, al campesinado empobrecido, de tierras que históricamente y por justicia les pertenece. Así mismo, nuestras hermanas y nuestros hermanos bañadenses están a punto de ser desalojados de sus territorios. Quienes construimos el Congreso Democrático del Pueblo nos solidarizamos activamente y defendemos el derecho de los pueblos originarios, del campesinado y de las y los bañadenses a sus territorios históricos, con desarrollo y vida digna”. El documento fundacional del CDP (en verdad se trata de una reedición de aquel CDP que frenó las privatizaciones del presidente Luis González Macchi a comienzos de este siglo) denuncia que “la avanzada criminal del Gobierno se expresa en todos los campos, asesinando criminalmente adolescentes como el caso del Centro Educativo Itaugua. También con permanentes atentados a la libertad de expresión, chantajeando y amenazando a trabajadoras y trabajadores de la prensa, persiguiendo a las radios comunitarias que funcionan al servicio del pueblo, decomisando aparatos de transmisión, atentando contra el derecho humano a la comunicación e información”. El nuevo colectivo social está integrado por: Partido Paraguay Pyahura, Frente Guasú, Federación Nacional Campesina (FNC), Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras e Indígenas (Conamuri), Movimiento Kuña Pyrenda, Organización de Trabajadores de la Educación Sindicato Nacional (Otep-SN), Coordinación Nacional de Niños/as y Adolescentes Trabajadores (Connats), Organización de Lucha por la Tierra (OLT), Frente Recoleta, Frente Patriótico Popular, Corriente Sindical Clasista (CSC), Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc), Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), Coordinadora de Camioneros del Paraguay, Frente Estudiantil por la Educación (FEE) y Movimiento 15 de junio.