Alianza circunstancial entre el oficialismo paraguayo y el Frente Guasu
Un modesto impuesto a la soya,
utilizado políticamente por algunos legisladores y resistido por el
Gobierno y las clases dominantes, marcó el debut del ex obispo como
presidente del Senado.
El Senado paraguayo, presidido por
Fernando Lugo desde el 1 de julio pasado, aprobó en general la
aplicación de un impuesto a la exportación de soya en granos, un antiguo
anhelo de las fuerzas progresistas que reivindican el tributo como un
elemento de equidad ante el avance destructivo del agronegocio en el
país.
La votación que arrojó 24 por la aprobación, 17 de rechazo, tres
legisladores ausentes y una abstención, demandó tres horas de acalorado
debate. El impuesto del 10% a la exportación de soya en estado natural
fue aprobado en general y se pasó el tratamiento en particular para
julio por una disputa procedimental entre los senadores que votaron a
favor y los que lo hicieron en contra sobre cómo se abordaría la norma
artículo por artículo.
El proyecto de la concertación Frente Guasu (FG) llegó a buen puerto
gracias al apoyo del sector oficialista del Partido Colorado, disidentes
del Partido Liberal y la Unión de Ciudadanos Éticos (Unace).
Originalmente el documento establecía un gravamen a la exportación de
granos en estado natural de un 15%. Con las modificaciones introducidas
durante el debate en el recinto quedó limitado a un 10% y sólo aplicable
a la exportación de soya en estado natural. Fuera de la carga
impositiva quedaron maíz y trigo, otros rubros importantes que se
producen en el país. Además, lo recaudado deberá invertirse en salud,
infraestructura y mantenimiento vial y a la reforma agraria integral.
Este paso importante todavía debe superar la aprobación de la Cámara de
Diputados donde se hace difícil que pueda prosperar por la relación más
directa de los legisladores de los partidos tradicionales con los
soyeros de los departamentos donde se cultiva.
También la ministra de Hacienda, Lea Giménez, adelantó la posición del
gobierno: “estamos comunicando que la posición del Poder Ejecutivo es
que si se llega a aprobar este proyecto se vetará tal propuesta por ser
dañina para la economía en su conjunto y nefasta para pequeños y
medianos productores. Cualquier gravamen debe considerar que todo
impuesto en el sector será trasladado al productor. Segundo, los
ingresos al fisco del sector agro se han triplicado desde el 2013 y dada
la generación de riquezas es un hecho que ellos pueden aportar más”,
dijo.
Durante el tratamiento del proyecto en la Cámara alta los soyeros
realizaron un “tractorazo” y llegaron a cerrar de manera intermitente
algunas rutas principales, entre ellas un corte en el kilómetro 25 de la
Supercarretera de Hernandarias, departamento de Alto Paraná. Camioneros
que hacen fletes a los silos y transportadores de ganado se sumaron a
la protesta.
Injusticia tributaria
Aún si fuera aprobado este impuesto del 10% a las exportaciones de soya
natural, el complejo soyero pagaría unos 200 millones de dólares cada
año. Cómo se verá, es una ínfima parte de los 11 mil millones de dólares
que insume el escuálido presupuesto anual del Estado paraguayo.
Economistas, analistas, organizaciones sociales y políticas de todo el
país recordaron durante el debate público que si bien la presión fiscal
en el país es del 12% promedio, para los soyeros por diferentes
privilegios normados es de sólo un 2%. Advirtieron también que de 3,4
millones de hectáreas de cultivos, 3,2 millones son de soya (88% de la
superficie cultivada). De ese total 83% pertenece a 4.300 empresarios de
la soya que constantemente presionan y desplazan a las comunidades
indígenas y campesinas, talando bosques a pesar de la vigencia de una
normativa que prohíbe expresamente hacerlo en la Región Oriental del
país.
En total unos 30 mil productores de soya se expanden en los departamento
de Alto Paraná, Canindeju e Itapúa, donde los movimientos campesinos
denuncian las fumigaciones con glifosato para permitir el desarrollo de
los plantíos que se hacen con alrededor de 20 especies transgénicas,
algunas de ellas prohibidas en la gran mayoría de países del mundo.
Otra cuestión clave en este problema es que cinco multinacionales, ADM,
Bunge, Cargill, Dreyfus y Noble, manejan el 80% de las exportaciones de
la soya que se produce en el país y hasta los grandes propietarios del
agronegocio exhiben su malestar con esta situación.
Realpolitik
Casualidades del calendario, el impuesto a la exportación de soya se
aprobó en coincidencia con el quinto aniversario del juicio político
express que derrocara al entonces presidente del Paraguay Fernando Lugo.
Superado el episodio de la enmienda constitucional que sacudió a la
política y a las instituciones paraguayas en los primeros meses de este
año, el ex obispo fue electo titular del Poder Legislativo en una
extraña alianza con quienes lo derrocaron en 2012.
Lugo llegó a la presidencia del Senado luego de que el gobernante
Partido Colorado lograra quitar de las presidencias de Diputados y del
Senado a opositores al presidente Horacio Cartes: Hugo Velázquez,
colorado disidente, y Roberto Acevedo, del Partido Liberal en el Senado,
respectivamente.
La maniobra del Frente Guasu (FG) de aliarse con Cartes para buscar la
posibilidad de la reelección sigue siendo cuestionada por fuerzas que se
escindieron del FG para crear Avanza País, el sector que erigió a Mario
Ferreiro como intendente de Asunción. Sus dos senadores, Miguel López
Perito, quien fuera jefe de gabinete de Lugo, y Adolfo Ferreiro, abogado
defensor del ex obispo durante el juicio político, votaron en contra
del impuesto aduciendo que perjudicaría a pequeños y medianos
productores, entre otros puntos.
Desde su nueva posición se vislumbra la posibilidad de que Lugo busque
volver a poner en discusión su derecho a candidatearse a la Presidencia
de la república, una posibilidad remota por la oposición que tiene en el
Tribunal de Justicia Electoral (Tsje) donde sus magistrados en
reiteradas ocasiones han expresado que su interpretación de la norma no
tiene razón. Se espera que Lugo entonces recurra a la Corte Suprema
(CSJ), aunque fuentes del Palacio de Justicia aseguren que el pedido
sería rechazado.
Quien corre con ventaja para las presidenciales de 2018 es el ministro
de Hacienda, Santiago Peña, impulsado por el presidente Cartes. Una de
las caras visibles de quien podría oponerse al oficialismo es Efraín
Alegre, actual presidente del Partido Liberal. Pero nada es definitivo
en los acuerdos entre cúpulas. La política paraguaya puede ofrecer
nuevas e insólitas alianzas en un escenario de recesión económica,
pobreza y un tremendo déficit en políticas sociales.
Desde Asunción, Jorge Zárate
Cinco años de la Masacre de Curuguaty
El 15 de junio se conmemoraron cinco
años de la Masacre de Curuguaty, trágico evento utilizado por los
representantes legislativos de las clases dominantes para expulsar
mediante juicio político al entonces presidente Fernando Lugo. Un
intento de desalojo de tierras públicas en Marina Kue, un distrito de la
ciudad de Curuguaty, dejó 11 campesinos y seis policías muertos.
Además de la utilización política de aquella jornada se abrió una causa
judicial que devino en un proceso insólito, denunciado
internacionalmente. Jamás se investigaron las muertes de los campesinos
que, en algunos casos, fueron ultimados a balazos por la policía
mientras se encontraban heridos. Con parcialidad manifiesta, fueron
condenados 11 de los ocupantes de las tierras públicas donde ocurrió la
matanza.
Tras los actos de recordatorio de la masacre los abogados defensores de
los condenados plantearon recursos de casación ante la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que la máxima instancia
judicial revea las condenas que consideran a todas luces injustas. Entre
otras pruebas desechadas por la investigación, los policías fueron
asesinados por balas de fusiles automáticos y los campesinos sólo tenían
escopetas rudimentarias, de fabricación casera, que sólo disparan
cartuchos con perdigones.
Rubén Villalba fue castigado con 30 años de pena más cinco de medidas de
seguridad por homicidio doloso acabado, asociación criminal e invasión
de inmueble ajeno. Le atribuyeron además el asesinato del subcomisario
Erven Lovera, jefe del ilegal operativo de desalojo. También resultaron
condenados Luis Olmedo Paredes, 20 años, y Arnaldo Quintana y Néstor
Castro Benítez, 18 años, todos por homicidio doloso acabado, invasión de
inmueble ajeno y asociación criminal.
Lucía Agüero, María Fany Olmedo y Dolores López fueron condenadas a seis
años de cárcel por complicidad en homicidio, asociación e invasión.
Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez, Juan
Tillería, a cuatro años de cárcel por asociación criminal e invasión de
inmueble ajeno. Los últimos ya se encuentran en libertad tras cumplir la
pena en arresto domiciliario.
Cinco años después, más de 100 familias continúan resistiendo en las
tierras de Marina Kue, esperando que el Estado consolide el
asentamiento, les brinde luz y agua. Allí funciona la Escuela Mártires
de Marina Kue y siembran hortalizas y frutas.
.jpeg)
